Las condiciones actuales de la República Dominicana imponen que prestemos una atención especial a la Junta Central Electoral (JCE). Ningún órgano del Estado genera en estos momentos más expectativas para las fuerzas vivas de la nación, y muy especialmente para los partidos políticos y la llamada sociedad civil, que la institución donde se proclama a los ganadores de los procesos comiciales.
De la conformación de la nueva JCE dependerá mucho la paz pública y la gobernabilidad democrática de los próximos años.
Algunos, no sin cierta ingenuidad, podrían pensar que no hay razones para preocuparse por las futuras elecciones, debido a que recientemente hemos salido de uno de esos proceso. Esa opinión no reflejaría un buen conocimiento de la sociedad en que vivimos. Aquí se hace actividad política las veinticuatro horas del día y los siete días de cada semana. No hay tregua ni descanso.
Cada autoridad electa, comienza su campaña para el nuevo período electoral el mismo día en que gana y se juramenta del certamen anterior.
Las elecciones recién pasadas generaron muchos cuestionamientos. Sobre todo en los niveles congresuales y municipales. En el nivel presidencial, el porcentaje obtenido por el presidente Danilo Medina fue apabullante, y cerró toda posibilidad de discusión sobre quién había ganado.
En los ámbitos de la oposición política hay muchas inquietudes. Sus ánimos están caldeados. Se está unificando, cosa que no logró en el tiempo de la pasada campaña electoral, para incidir en la conformación de la JCE y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Sabe que sus posibilidades de ascender al Poder dependen, no sólo de la voluntad popular, sino de que los órganos públicos de decisión cumplan fielmente con los mandatos de la Constitución y de las leyes. Y así debe ser, para la salud institucional y nuestra vida civilizada.
La gobernabilidad en un país no depende solo de que el partido oficial dirija bien el Estado. Está sujeta, en gran medida, a que exista una oposición racional, responsable y con valor cívico. Y con una oposición frustrada, rabiosa y sin confianza en los árbitros nacionales no puede existir un ambiente propicio para gobernar.
Ciertamente, así es. Los miembros de la nueva JCE deben tener plena conciencia de la alta responsabilidad que tendrán al asumir sus posiciones.
Nuestra Constitución es clara y precisa al instituir la JCE. En su artículo 212 la dota de todas las condiciones para que los actores políticos tengan confianza en ella. Le otorga “…autonomía con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera…” La ley orgánica y los reglamentos completan sus especificidades.
Y todo esto es para que la JCE cumpla con su sagrada función: La de “…organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular…”, con sometimiento pleno al orden jurídico establecido. Esa es su gran misión.
