Opinión

QUINTAESENCIA: Leonel y Dilma

QUINTAESENCIA: Leonel y Dilma

El doctor Leonel Fernández, tres veces presidente de la República, escribió un buen artículo sobre el juicio política que terminó con la destitución de la jefatura del Gobierno brasileño de Dilma Rousseff. En ese trabajo, el presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) coincidió con los promotores y defensores de la acción parlamentaria contra Dilma, en el punto de que no se trató de un golpe de Estado. Lo calificó de “una canallada.” Leonel tiene la razón.

Los autores del proceso contra la sucesora de Luis Ignácio Lula da Silva fueron meticulosos en cada paso que dieron. Se cuidaron de cubrir bien los aspectos jurídicos del procedimiento. Y legalmente lo hicieron con una maestría digna de mejor causa. Algunos afirman que fueron asesorados por miembros prominentes de la Corte Suprema de ese país. De ser así, el recurso incoado por Dilma ante esa Corte, que impugna la decisión del Senado, tiene la sentencia redactada de antemano. Y sabemos que no puede ser ni será favorable para la víctima recurrente.

Pero todos debemos saber que un crimen que se comete con apariencias de legalidad, y aunque cuente con decisiones de jueces supremos que lo liberen de sanción, no deja de ser un crimen

Los autores de ese alevoso plan lo saben. La repugnante naturaleza política, ética y moral de un hecho no cambia porque jurisdiccionalmente sea declarada conforme a la ley. Y cuando se trata de un crimen político, es peor que un crimen común. Este suele afectar a una o varias personas; pero aquel, el crimen político, daña la institucionalidad, la democracia, los derechos fundamentales y, en fin, daña a toda la sociedad.

Lo que le hicieron a Dilma es un crimen político. Sin causa políticamente justificada ni justificable, desconocieron la voluntad popular libremente expresada en las elecciones en que el pueblo de Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes) eligió con toda legitimidad a su Presidenta. Ella estaba dando continuidad a la política de Lula, que sacó de la pobreza extrema a más de 40 millones de compatriotas.

Esto le garantizaba a su Partido de los Trabajadores (PT) la continuidad en el control y dirección de la administración pública. Además, se estaba integrando cada vez más a un nuevo orden mundial que le garantizara ampliar la independencia, soberanía y estabilidad de su país. Pero eso no se lo podían perdonar ni la oligarquía nacional ni el imperio que sabemos.

En efecto, el juicio político que comentamos cumplió con los requisitos constitucionales. Es válido jurídicamente. Los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y a la tutela efectiva fueron técnicamente respetados. La pulcritud procesal se cumplió.

Ahora bien, esto solo prueba que el sistema está organizado para que las clases dominantes lo manipulen a su antojo, con lo que se confirma una vez más, como lo demostré en uno de mis libros, que el Derecho es un instrumento político. Y nada más.

El Nacional

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