La quiebra es una figura jurídica muy propia del Derecho Comercial, que afecta a los comerciantes en determinadas condiciones y, en principio, no tiene una clara relación con la política. Sobre todo si se piensa en ella como el arte y la ciencia de servir a la colectividad a través del manejo del Estado.

Si Nicolás Maquiavelo, como el célebre secretario florentino y padre de las ciencias políticas, aunque muchos solo lo conozcan como el autor de El Príncipe, viera el título de esta columna, se preguntaría: “¿Y qué busca este amigo vinculando la quiebra con la política?”

Pero a pocos dominicanos les resultará rara la combinación y, si es un falso dirigente político, entonces le parecerá muy familiar como metáfora o figura retórica de nuestra realidad, porque él es un comerciante de la política.

Conforme al correcto concepto del derogado artículo 437 de nuestro Código de Comercio, “se considera en estado de quiebra a todo comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Muchos abogados y profesionales de otras carreras creen por error que el comerciante solvente en lo económico no puede considerarse nunca quebrado. El error conceptual que los lleva a pensar así se debe a que confunden la naturaleza de la quiebra con lo que es el patrimonio de la persona física o de la persona jurídica, en caso de que se trate de una entidad comercial o compañía.

El comerciante puede ser rico y hasta muy rico en bienes mobiliarios o inmobiliarios y a pesar de eso puede quebrar. Imaginémonos que deba cien millones de pesos y que tenga propiedades valoradas en mil millones de pesos, pero si no tiene la liquidez o dinero en efectivo para realizar los pagos a tiempo, que corresponden a sus “obligaciones mercantiles”, está quebrado. Sobran los que dirán que le quedan novecientos millones de pesos libres y que su solvencia es muy grande para quebrar. Confunden el posible proceso de reestructuración (Ley 141-15) o valoración, prorrateo y liquidación de ese patrimonio con la quiebra. Esta se pronunciará. Es la cesación de pago.

Aclarado ese concepto jurídico, nuestros lectores más avispados se habrán dado cuenta de que los partidos políticos en nuestro país están quebrados, definitivamente quebrados. Tienen riquezas materiales, sin solvencia moral ni ética. Las acumularon porque algunos de sus altos dirigentes, con funciones públicas, tomaron el Erario y lo convirtieron en un botín de guerra. Sin embargo, no han sido capaces de pagar el servicio social, por medio de buenas políticas públicas. Por eso nuestro pueblo tiene una enorme cuenta por cobrar frente a ellos.

El estado de cesación de pago de nuestros políticos no les quita el sueño. Son irresponsables. Piensan que la quiebra es del otro, como la muerte, que siempre se considera ajena.

En cualquier momento el pueblo exigirá con sus medios el pago social pendiente y tendrá que declararse la terrible quiebra que hoy se oculta. Evitemos ese momento.