El atraso económico de una sociedad, sin importar que sea pequeña o grande, genera inevitablemente un atraso social, político y jurídico-institucional. El desarrollo que alcanzan las fuerzas productivas de un país es lo que determina cómo vive su población y cuáles clases sociales la dominan o gobiernan. Y los sectores sociales predominantes en el manejo del Poder son los que imponen el orden político. Este orden político crea el sistema jurídico que legitima las instituciones en que se fundamenta la vida de la comunidad.
Ciertamente, esas son verdades sociológicas de Perogrullo. Sobre todo si se transciende el determinismo económico a ultranza que se le atribuye a Carlos Marx, el cerebro mejor amueblado de la Europa del siglo XIX. Porque deberemos tener en cuenta que hay otros factores humanos, ideológicos, emocionales y culturales que van a incidir en el devenir de la sociedad. También las influencias extranjeras, como resultado de las condiciones geopolíticas, podrían impulsar inesperados comportamientos de algunos estratos sociales.
Sabemos que la casualidad tiene categoría histórica y que el azar en la historia, que tanto tiempo de estudio le ha ocupado al poeta Tony Raful, puede dar sorpresas.
Ahora bien, cuando la sociedad está afectada por un atraso económico, como la nuestra, pare intelectuales que creen a pie juntilla en algunas supuestas verdades, como si fueran los encadenados en el mito de la caverna de Platón: confunden las apariencias con la realidad.
Otras veces, se empeñan en servir a ciertas fuerzas políticas con un discurso que no resiste el menor análisis crítico. Y lo hacen con la esperanza futuros cargos públicos.
Esos intelectuales los podemos encontrar en todas las áreas del saber. En las ciencias jurídicas abundan como la verdolaga. Se aferran a sus verdades como un náufrago a una tabla en alta mar. Hasta pontifican y se atreven a descalificar al que piensa diferente.
Como prueba de lo anterior, basta conocer los argumentos que se esgrimen durante los debates de los asuntos jurídicos-constitucionales para justificar posiciones políticas. La posibilidad de la reelección con o sin modificación de la Carta Magna o la constitucionalidad de las primarias abiertas o cerradas, son ejemplos actuales.
Cada uno se cree con la piedra filosofal de la verdad en sus manos. Se convierten en fundamentalistas jurídicos, con perdón de los islámicos.
Pocos se han dado cuenta de que en Derecho no existen verdades. Sólo hay normas y criterios. Las normas deben ser cumplidas o impugnadas jurídicamente. Los criterios se aceptan o se rechazan, dependiendo de los argumentos que los sustenten. Ni los precedentes del Tribunal Constitucional son verdades, sino criterios. Por eso pueden ser cambiados con la motivación de rigor.
Y debemos saber, admite honrosas excepciones.
