Opinión

Quintaesencia
Constitución y garantías

<STRONG>Quintaesencia<BR></STRONG>Constitución y garantías

La Constitución, entre muchas acepciones que se pueden plantear, es la fuente primigenia del Derecho. Es el Derecho de los derechos. En ella se consagran las prerrogativas, con carácter sagrado, de las personas. Y adquieren una categoría fundamental. Son eternos, invariables, inconculcables. Están por encima de la voluntad de las autoridades. Se les imponen a los poderes públicos y privados, sin excepción.

 Hasta las decisiones tomadas por mayorías democráticas, como afirma Luigi Ferrajoli, están limitadas, en sus efectos y alcance, por los derechos fundamentales.

 En una sociedad que se rija por un Estado Constitucional de Derecho, las decisiones que se adoptan, sin importar que sea por medio de las mayorías democráticas, deben respetar los principios y normas, escritos o implícitos, de la Carta Magna que crean los derechos de los ciudadanos.

 No se trata sólo del principio que establece el derecho de las minorías en una sociedad civilizada. Es mucho más que eso. Es que los derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la libertad, el pensamiento, la expresión, la educación; el derecho al trabajo, a un ambiente sano, a la felicidad, a la propiedad, entre otros muchos, no están supeditados a que los poderes formales del Estado o los poderes fácticos de la sociedad los reconozcan o no. Esos derechos existen por encima de todas las voluntades. Son inherentes a la persona humana.

 Algunos, por mala educación y peor formación, creen que tienen que pedir permiso para ejercer sus derechos. Por otra parte, los trujillitos, que tanto abundan en nuestro medio, se creen los señores todopoderosos, con facultades para autorizar o prohibir la práctica de los derechos fundamentales. Aquellos les hacen sentir a éstos que tienen ese poder, y se comportan como tal.

 Pero unos y otros están muy equivocados. Reproducen la cultura primitiva, salvaje,  inconstitucional y propia de señores y vasallos, como si vivieran en el Feudalismo. Los derechos se ejercen, con  respeto y consideración de los derechos de los demás, tomando en cuenta que los nuestros terminan donde comienzan los ajenos.  Los enanos de espíritu y los que tienen alma de tirano se espantan frente a esa verdad. La ven como subversiva e irreverente.

 Desafortunadamente, en nuestra sociedad se vive bajo la cultura de reconocer los derechos ciudadanos siempre y cuando no se ejerzan.  

Los que tienen un mínimo de formación jurídica, aunque no sean abogados, saben que los derechos valen lo que valen sus garantías. Esto es, que los derechos sólo existen y tienen importancia cuando cuentan con los mecanismos necesarios para que sean respetados. A partir de ahí las personas pueden contar con sus derechos, ejercerlos y disfrutarlos como debe ser.

 El derecho que se tiene y no se ejerce es como si no existiera. Pasa igual que en biología, cuando se dice que el miembro que no se usa, se pierde.

 Ciertamente, así es. La persona que no es capaz de ejercer sus derechos, ya sea por negligencia o espíritu pusilánime, los pierde. Y esto puede suceder por muchas causas. Especialmente en países atrasados como el nuestro, donde la cultura autoritaria que nos legaron Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilís), Trujillo, entre otros canallas, nos ha robado la categoría de ciudadanos auténticos. Sólo llegamos a ser personas mediatizadas en su ser. Lo individual se irradia en lo social, y viceversa. Por eso todavía no somos una verdadera nación. Somos un conglomerado de personas, con el gentilicio de dominicanos, que aspira desesperadamente a constituirse en nación.

 La sociedad moderna, el Estado de hoy, está en la obligación de garantizar a cada una de las personas el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. Así lo consagra la Constitución en su artículo 8, y todos los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos.

  Ahora bien, la garantía de los derechos está en la tutela judicial efectiva. Todos los jueces tenemos la obligación de ofrecer esa garantía. Lamentablemente, muchos jueces tienen formación adjetiva, legal; no sustantiva, constitucional. Por tanto, sólo un Tribunal de Garantías Constitucionales, especializado e independiente, puede cimentar la cultura del respeto democrático a los derechos fundamentales. Aprovechemos la reforma al Pacto Fundamental para crear ese necesario y gran Tribunal.

 rafaelciprian@hotmail.com

El Nacional

La Voz de Todos