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Caso Indra

 

El conflicto en torno a los equipos adquiridos por la Junta Central Electoral (JCE) para las votaciones de 2016 no puede convertirse en una telenovela, en la que cada cierto tiempo se divulgan nuevos capítulos que asombran a la opinión pública.

De no llegarse a un acuerdo entre la JCE, que insiste en que los escánares son inservibles y la empresa Indra, que los suministró, no queda otro camino que el de los tribunales para dirimir el inquietante conflicto.

La empresa española insiste en que cumplió con los términos y plazos que establecía el contrato, pero el pleno de la JCE ha reiterado que los equipos, adquiridos por unos 40 millones de dólares, no cumplieron su cometido.

Por la gravedad que sin duda representa el problema, los exmiembros de la JCE, Eddy Olivares y José Ángel Aquino, recomendaron al organismo que someta la empresa a la justicia por daños y perjuicios. Pero además agregaron un elemento que da otra dimensión al diferendo al señalar que los equipos no fueron adquiridos con el aval del pleno de los anteriores miembros de la JCE, “sino que fue una decisión de la comisión de compras y contrataciones y de la dirección administrativa de la Junta”.

Aquino agregó incluso que la licitación se hizo al margen del pleno de la JCE. El caso de los equipos no debería quedar como otro de los muchos escándalos que quedan sin aclarar, engrosando la nefasta galería de hechos impunes. Sería una verdadera lásti

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