El Movimiento Tricolor por la Soberanía aseguró que mientras el Estado dominicano permita que organismos internacionales le impongan su política de nacionalidad, será tratado como “un hazmereir y peor que una colonia”, al tiempo que criticó la invitación que le hizo el Gobierno a órganos foráneos para que se reúnan en territorio dominicano.
La organización advirtió que la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en territorio nacional, por invitación de las autoridades dominicanas, constituye un hecho grave, en violación del artículo 3 de la Constitución.
“Un Estado que permita que órganos externos le impongan su política de nacionalidad, más que Estado fallido, se convertirá en un hazmerreír, y será tratado peor que una colonia”, escribió la entidad, al referirse a las presiones que ejercen entidades extranjeras para que el gobierno local desista de su política migratoria, relativa a la normalización de los haitianos que entran al país.
Indicó que mantendrá su firme rechazo a los constantes ataques contra la soberanía nacional, por parte de dichos organismos.
“Siguiendo los posturas de Duarte y consecuentes con su carácter ciudadano, patriótico y nacional, condenamos enérgicamente los ataques a la soberanía y autodeterminación de la República Dominicana, ejecutados por distintos grupos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó la organización patriótica.
Consideró que aunque la mayoría de la sociedad no perciba las implicaciones que tiene ese tipo de ingerencia, la misma constituye una agresión mucho más grave e insidiosa que la convalidación de la intervención militar estadounise de 1965.
Además, recordó que es el Estado dominicano que debe decidir quiénes son sus nacionales y no grupos foráneos.
“La capacidad de decidir quiénes son sus nacionales forma parte esencial del ejercicio de la soberanía del Estado, es asunto del dominio reservado de cada Estado, y precisamente, eso es lo que ha sido desconocido por esos organismos del sistema interamericano”, sostuvo.
Insistió en que resulta inaceptable e indigno que esos grupos sean invitados a sesionar en el país por el propio Gobierno, que es el que debe velar por la soberanía nacional.
Recordó que fueron esos mismos grupos que desconocieron decisiones emanadas de instituciones locales, como el Tribunal Constitucional.
La entidad atribuyó la situación de “escenario de derrumbe institucional”, al agresivo laborantismo de la facción antinacional que opera en el Estado, en contra de la sentencia 168-13.
Aseguró que ello forma parte de una siniestra conspiración criminal que busca destruir la soberanía dominicana, tanto en materia de nacionalidad cómo de control de migración y frontera.
