El Gobierno ha cumplido con su deber de rechazar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra República Dominicana, al definirla como extemporánea, sesgada e inoportuna, y por reivindicar la facultad del Estado de regular y determinar conforme a su legislación quiénes son sus nacionales.
Acatar esa ignominia jurídica sería como conceder derecho y autoridad a ese órgano supranacional de subvertir todo el ordenamiento institucional de la nación, incluida la anulación de su Constitución Política y de que poderes públicos queden bajo su subordinación en materia de soberanía nacional.
Ante el evidente chantaje o excesivo temor de que un legítimo rechazo a ese fallo aberrante el país pueda quedar excluido del sistema interamericano, el Gobierno ha reivindicado su adhesión al Convenio de La Haya, que faculta a cada Estado a diseñar y regular legislaciones que fijen el alcance de la nacionalidad.
Resulta válida y oportuna la advertencia del Gobierno de que cualquier interpretación antojadiza del sistema interamericano no puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
Aunque basado en hechos acontecidos en los años 1999 y 2000, la sentencia de la CIDH pretende desmantelar el ordenamiento institucional, con clara intención de anular la Constitución del Estado y de que los roles de los poderes públicos en materia de nacionalidad y regularización migratoria queden subordinados a esa corte.
El Gobierno sostiene que la CIDH ignora aspectos muy relevantes de la historia reciente que muestran la voluntad del país de modernizar y mejorar su marco legal, pero la verdad es que la intención única y expresa de esa sentencia ha sido la de lacerar los principios de soberanía y autodeterminación de la nación dominicana.
Satisface saber que el Gobierno no acatará en ninguna de sus partes el contenido de esa aberrante, humillante e ilegítima sentencia y que, por el contrario, continuará trabajando en la misma dirección, basado en una hoja de ruta que se ha trazado en el ámbito migratorio.
Sin importar criterios encontrados en torno a las vías jurídicas que se aplican para fijar el alcance de la nacionalidad y control migratorio, la sociedad está compelida a rechazar con todo vigor la sentencia con tinte imperial pronunciada por la CIDH, porque subvierte el ordenamiento jurídico y atenta contra la soberanía nacional.
