La delincuencia ha creado un temor generalizado en la sociedad dominicana: las drogas, la corrupción, el desempleo, la carestía de los alimentos son problemas que contribuyen al aumento de la desesperanza, el sentimiento de derrota y el abandono de la mayoría de la población, que busca desesperadamente opciones para sobrevivir.
El presidente Danilo Medina ha dado algunas demostraciones de que tiene interés en hacer las cosas de modo diferente a como se hicieron en los dos gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, pero el terrible déficit fiscal, las ataduras políticas y el temor a un desajuste en el partido oficial lo mantienen amagando, sin dar pasos concretos para producir el cambio que prometió o hacer lo que nunca se había hecho.
Los grupos empresariales han dado cuenta de la terrible precariedad en que se encuentra la nación, hablando de aumento de los costos y de reducción de las actividades económicas. Los grupos empobrecidos no tienen opciones productivas, dependen de las dádivas oficiales, con subsidios que consumen una gran parte del presupuesto nacional. Las clases medias se ven cada vez más acorraladas, empequeñeciendo sus presupuestos y teniendo que pagar más impuestos al gobierno. La informalidad absorbe el mayor porcentaje de las actividades económicas, con la quiebra de miles de micro, medianas y pequeñas empresas.
La impunidad ha quedado establecida para los defraudadores de las finanzas nacionales, los que firmaron contratos onerosos para el país, sin dejar oportunidad para que el gobierno que les sucediera pudiera alcanzar fondos mínimos de los acuerdos para la explotación del oro de Pueblo Viejo.
Los organismos de justicia del país siguen demostrando ser inservibles para una administración pulcra y justa del entorno económico, político y social. Es ostensible la falta de seguridad jurídica y el manejo irresponsable de las nuevas cortes, que se han colocado abiertamente al servicio de quienes las designaron, sin atender el mandato de justicia ciega que se corresponde con el ánimo del ordenamiento jurídico y democrático de la República Dominicana desde que salimos de la dictadura de Trujillo en 1961.
El país sigue en el descrédito internacional, en especial frente a organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Fondo Monetario Internacional. Los estudios y parámetros que resultan de las mediciones en salud, educación, trabajo, derechos humanos, corrupción, impunidad, nos dejan mal parados. Hemos incumplido nuestro compromiso con Naciones Unidas, y en especial con la sociedad dominicana, de reducir los indicadores de pobreza a la mitad, con miras al 2015, como parte de los Objetivos del Milenio.
La democracia se sostiene, como sistema político, cuando existe la diferencia y se respetan los derechos de los demás. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, desde el 2004, ha irrespetado a los demás partidos, ha contribuido con la destrucción del sistema político, y lo sigue haciendo en forma directa, utilizando los órganos oficiales para incentivar las diferencias y sacar ventajas a través del engaño y la proyección de una imagen corroída de los adversarios.
El caso que nos toca directamente es una clara demostración de que el PLD ha realizado esfuerzos permanentes para destruir al Partido Revolucionario Dominicano, utilizando instancias públicas, que debían tener respeto por la ley y su rol de independencia y justicia. Dado que los designados en las nuevas cortes son militantes políticos y serviles en muchos casos incondicionales- del pasado presidente de la República, se comportan como si todo fuera válido: aumentar el poder sobre el conjunto de la sociedad, aumentar la riqueza de unos pocos y destruir las esperanzas de una democracia fortalecida y un país con prosperidad.
Hemos realizado todos los esfuerzos legales para conservar la unidad del PRD, hemos acudido a todas las instancias para hacer valer el derecho de la mayoría del PRD a ser dirigida con dignidad y con independencia de las fuerzas que le adversan. Hemos hecho todos los sacrificios posibles para que los perredeístas volvamos a ser dignos de la aprobación mayoritaria de la sociedad, pero la traición y la maledicencia han primado, como cáncer que corroe desde un pequeño órgano al cuerpo mayoritario de un partido que ha sido y debe seguir siendo la Esperanza Nacional.
Nunca, en ningún país del mundo, se ha visto que un partido democrático pueda ser secuestrado y colocado al servicio de la causa de sus enemigos, sin que ello tenga consecuencias irreversibles para los responsables de tal desatino. El PRD debe dirimir su destino tomando decisiones sobre la base de la contienda abierta, mayoritaria, de sus militantes y dolientes.
El PRD es una fuerza viva, una llama inextinguible, que se encuentra con un presidente postizo, quien no tiene conexión con sus bases, cuya base de sustentación es el apoyo del partido de gobierno. Eso tiene que terminar, por más intervención que tengan los organismos legales al servicio del PLD y del ex presidente Leonel Fernández.
Hemos recorrido el país de palmo a palmo y lo que hemos recibido de las bases en todos los barrios, municipios, provincias y regiones es un reclamo abrumador de unidad. Los perredeístas desean dejar de pasar vergüenza con la diatriba y la cháchara a la que nos tienen sometidos los organismos del Estado a los que corresponde dictar justicia en un caso que ha puesto de manifiesto el cansancio de la sociedad.
No cejaremos hasta conquistar la libertad de los perredeístas para decidir lo que desean y escoger los candidatos que han ganado el respeto y el cariño de cada lugar donde hacen su trabajo. Es nuestro compromiso y así lo haremos, sin cerrar las puertas a la unidad que siempre han estado y estarán abiertas de nuestra parte, para los que deseen hacer propósito común de derrotar a los representantes de los gobiernos más inhumanos y corruptos que ha tenido la República Dominicana en su etapa democrática.
