La recusación contra cuatro jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que fueron acusados de ser miembros del PLD, motivó este martes la suspensión sin fecha fija del conocimiento del recurso de casación incoado contra la sentencia que ordena el archivo definitivo del expediente del ex ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Los jueces Esther Agelan Casasnovas, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra e Hiroíto Reyes fueron recusados por la Fundación Primero Justicia, que dirige el abogado Miguel Surun Hernández, quien los acusó de ser parciales a Díaz Rúa.
La oposición a que dichos jueces conozcan el recurso está motivada en que estos han conocido en ocasiones anteriores casos relacionados con Díaz Rúa, al cual han favorecido.
Sin embargo, la recusación no contó con el visto bueno de la fiscal del Distrito Nacional, Yeny Berenice Reynoso, quien dijo que su interés es que se conozca el caso para demostrar que hubo serios vicios procesales en la sentencia que dispone el archivo del citado expediente.
Conforme las declaraciones de Berenice Reynoso, la sentencia a favor de Díaz Rúa está motivada en criterios políticos más que en razones jurídicas.
Declaró que se trata de un proceso tortuoso y vergonzoso y que jurídicamente, cualquier estudiante de derecho sabe que la sentencia a favor de Díaz Rúa no tiene ningún tipo de sustentación jurídica.
“Esa sentencia tiene mucho de político pero no de jurídico”, declaró la fiscal del Distrito Nacional, al hablar en representación del Ministerio Público, juntamente con la procuradora adjunta Ana Burgos.
Ante la recusación, los jueces Miriam Germán, Frank Soto y Esther Agelán Casasnovas suspendieron la audiencia, a la espera de una decisión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Se trata del conocimiento del recurso de casación contra la resolución 244-PS-2014, mediante la cual la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de la investigación seguida a Díaz Rúa.
La resolución 244-PS-2014 fue dictada el 19 de noviembre del 2015, por el juez-presidente de la Primera Sala de la Cámara Penal de la referida Corte de Apelación, Eduardo José Sánchez Ortiz.
