Es alentador que la Cámara de Diputados se aboque a modificar más de 70 artículos del Código Procesal Penal e introducir reformas al Código Penal y al Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, a fines de eliminar las brechas que permiten la inmunidad a la delincuencia. Satisface que el proyecto de cambiar las actuales reglas de procedimiento en materia penal que incluyan la obligatoriedad de la prisión preventiva en los casos criminales y la elevación de las penas de hechos punibles previstas y sancionadas por los actuales códigos.
Hay que resaltar el establecimiento del cúmulo de penas, que puede alcanzar 60 años de reclusión, así como la eliminación de la garantía económica para los reincidentes en la comisión de crímenes. La ley es prevención para evitar la comisión de las infracciones contravencionales, correccionales y criminales. La normativa en materia penal es para impedir que la gente desobedezca la ley. Si una persona no le teme a la drasticidad de la ley, tiende a desafiarla, y ocurre peor cuando los que infringen la misma no reciben el castigo correspondiente.
Cuando hay constante inobservancia de la ley y benignidad de la justicia, la sociedad se torna insegura y los crímenes y delitos se multiplican. Dada esta situación, hay que cerrar las vías que permiten que puedan salir con facilidad a delincuentes que cometen violaciones horribles.
Es saludable el aumento de las penas contempladas en el Código Penal para las infracciones graves. Basta citar la reinstauración de la pena de muerte en la ciudad de New York, hace más de una década, para convertir a ese estado en uno de los más seguros de Estados Unidos. El legislador debe tener cuidado para que ninguna reformulación entre en contradicción con la Constitución, instrumento que garantiza los derechos fundamentales y ampara una tutela judicial efectiva.
