Los católicos y evangélicos volvieron a tumbarles el pulso a los profesionales de la medicina, a las feministas y a la mayoría de la sociedad civil con el aplazamiento para después del 16 de agosto que hizo el Senado al proyecto del nuevo Código Penal que elimina la posibilidad de permitir el aborto terapéutico.
No valieron los apoyos de funcionarios del Gobierno para que la pieza fuera aprobada ahora y se restableciera el artículo que permitiría el aborto terapéutico.
Los senadores alegaron que no podían aprobar una iniciativa que no habían siquiera leído, porque había llegado hace apenas un par de días.
Los religiosos se han expresado en contra de todo tipo de aborto, argumentando que sólo Dios puede disponer de la vida de los seres humanos.
Esta pieza fue reintroducida por el presidente de la Cámara de Diputados, luego que el Tribunal Constitucional (TC) la declarara ilegal y recomendara la eliminación de algunos artículos.
El Código Penal consignaba un artículo que enviaba a la presentación de una ley especial la discusión del aborto terapéutico, disposición que fue eliminada a petición del bloque de diputados del PRSC.
El Colegio Médico Dominicano (CMD) calificó como un retroceso la decisión de los diputados y pidió al Senado restablecer el referido artículo en el Código.
Protestas
Organizaciones que luchan por los derechos de la mujer montaron un piquete frente al Palacio Nacional, en reclamo de que el Congreso apruebe el Código Penal y legalice el aborto terapéutico.
Calificaron como inconcebible que se pretenda que una mujer prosiga con un embarazo con un feto con malformaciones congénitas, o que sea fruto de una violación o un incesto.
Historia
El Código Penal fue aprobado por primera vez en el 2006 después de años de estudios. Fue devuelto con observaciones por el Poder Ejecutivo. De ahí en adelante se ha caído, reintroducido y no encuentra el camino de ser aceptado por todos.
Ley de Armas
El Senado convirtió en ley el proyecto de Ley de Armas que castiga con prisión de tres a 10 años a quienes porten ilegalmente armas de fuego.
Esta iniciativa del diputado reformista Víctor Bisonó Haza busca reducir el número de armas en la población civil.
Aumenta el impuesto por permiso del porte con el propósito de desincentivar a la población a adquirir armas de fuego y castiga su exhibición en lugares públicos.
