El fiscal de Ocoa, José Miguel Cuevas, renunció hoy a sus funciones luego que la Procuraduría General de la República lo encontrara culpable de colocarle una pistola debajo de un colchón a un acusado de narcotráfico durante un allanamiento. Mientras, el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, informó que gestionará obtener en las próximas horas el apresamiento de Cuevas mediante una solicitud de medida de coerción y sometimiento a la justicia que le hará por ante la justicia ordinaria de San José de Ocoa, en virtud de su renuncia y como consecuencia la pérdida de su jurisdicción privilegiada.
Fernández Vélez declaró que Cuevas presentó su renuncia por ante el Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, que dirige el procurador adjunto Bolívar Sánchez.
El magistrado Vélez declaró que no apelará la sentencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal, que rechaza ordenar su arresto, pero que sí lo someterá por ante la justicia ordinaria de San José Ocoa, a los fines de que responda por varios cargos, entre ellos prevaricación, atentado contra la libertad individual, abuso de poder de autoridad y violación a la Ley 36, sobre porte y tenencia de arma de fuego.
Con la renuncia, el fiscal Cuevas también renunció al derecho de ser juzgado en una jurisdicción privilegiada, en virtud de su cargo de procurador fiscal.
Ayer, el presidente en Funciones de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó dictar orden de arresto en su contra, por entender que representa peligro de fuga.
Se le acusa, entre otros cargos, de plantarle una pistola debajo de un colchón de la cama al supuesto narcotraficante Erín Manuel Andújar (Peña).
El tribunal, presidido por el primer sustituto magistrado Milton Estenio Castillo, rechazó la solicitud de orden de arresto presentada por el procurador de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, Vélez Santana.
Mediante el auto el juez, quien se desempeñó como magistrado del Tribunal Colegiado de Ocoa, alega que si bien es cierto que los presuntos hechos señalados en la solicitud están tipificados en la normativa como hechos sancionados con pena privativa de libertad y degradación cívica, no es menos cierto que el solicitante de la orden de arresto no ha demostrado el peligro de fuga en base a los requisitos establecidos en el artículo 225 del Código Procesal Penal.
