Revelan empresa Embraer negocia con Procuraduría



La defensa de uno de los imputados de recibir sobornos para gestionar la compra de los ocho aviones Súper Tucano reveló hoy que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) negocia un acuerdo en el que la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) pagaría 9 millones de dólares para excluirla del proceso.

El abogado AlejandroTejada, representante legal del coronel Carlos Piccini Núñez, dijo que aunque el acuerdo no ha sido presentado en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito, ambas partes discuten el monto de dinero que la empresa brasileña pagaría para ser sacada del proceso.

“Ello, separar a Embraer del proceso, sería encubrir los verdaderos responsables de quienes recibieron el soborno, porque en una audiencia se puede establecer a quien ellos les entregaron ese dinero”, sostuvo Tejada.

Entiende que no sería saludable para la defensa de su cliente que se excluya a Embraer del proceso.
La audiencia está pautada para este lunes, ya que la pasada fue reenviada porque no se encontraba el representante de Embraer.

El PEPCA acusó formalmente a seis personas y a tres compañías, junto a sus representantes, por su participación en los sobornos que por US$3.5 millones la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
Los imputados por el caso son el mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

Ministerio Público les impura la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

El PEPCA inició la investigación del caso a principios de 2016 y a mediados del presente año las autoridades decidieron solicitar la extensión del plazo con el fin de ampliar y profundizar las investigaciones que se habían realizado hasta el momento.