Por ahora el debate sobre la venta de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, ha girado en torno a la legalidad o no de la operación acordada por la Corporación de Empresas Estatales (Corde) y la compañía Inversiones Fernández Parache & Asociados SRL (Infepa). Por ese sendero, el consorcio, que ha defendido la operación amparado en su autonomía administrativa, personalidad jurídica y libre determinación, va, como se dice, en coche. Porque bastaría con la legalidad, en el supuesto de que se acepte, para legitimar la enajenación y poner fin a la discusión.
Pero con las muchas incógnitas que se amontonan la venta por valor de 80 millones de pesos de 787,613.48 metros cuadrados, no puede reducirse solo a un aspecto. Al margen de que el precio sea justo o irrisorio, Corde debe explicar la necesidad que había de transferir los predios, pero también cuál fue el destino de los recursos. Tampoco puede obviarse la razón por la cual una operación de tal envergadura no fue licitada, sino adjudicada a una empresa que delegó en una agencia inmobiliaria la venta de los solares.
Huelga señalar que al precio por metro cuadrado los habitantes habrían removido aire, cielo y tierra para comprar los solares en caso de que se los hubieran ofrecido. Pero no contaron ni siquiera con esa posibilidad, porque, hasta que se demuestre lo contrario, el interés de Corde era otro. El consorcio podrá alegar que los terrenos eran de su propiedad y que por tanto podía hacer con ellos lo que le pareciera. Pero resulta que ni los predios son privados ni tampoco del consorcio. Y no deja de intrigar que los predios se vendieran a precio de vaca muerta.
Todavía es harina de otro costal la irónica defensa que asume el consorcio al decir que no vendió Los Tres Brazos, sino que “traspasó un proceso de titulación que beneficia a miles de familias que por 40 años han invertido recursos en terrenos que no eran de su propiedad y que ahora tienen la oportunidad de adquirir”. ¿Por qué no se los ofertó entonces directamente antes que valerse de una compañía que les ha multiplicado por mucho el precio del metro cuadrado?.
Más que sobre el aspecto legal, Corde deberá dar otras explicaciones. La Procuraduría General de la República y la supuesta comisión legislativa tendrán que determinar, en las investigaciones que han encaminado, si la compañía que adquirió los terrenos cumplía con todos los requisitos legales, además de identificar a todos sus accionistas para establecer si existe algún vínculo suspicaz con algún funcionario del antiguo emporio estatal. Sí, porque de la compañía, que tanto puede ayudar a esclarecer todos los pormenores de la cuestionada operación, resulta que no se tienen mayores informaciones.
