A medida que sigue ardiendo el debate sobre los magros salarios que se pagan en la República Dominicana, en el que hasta el Banco Central ha salido a aportar su granito de arena (o lanzó una pedrada según quien lo interprete), uno de los elementos centrales para promover el incremento real y sostenible de los salarios permanece sin ser tocado en esas amplias discusiones, la competencia. Mientras en nuestro país se siga hablando de aumentos salariales por la obra y gracia de un plumazo, el salario real se va a mantener estático en la medida que sean los salarios los que persigan a la inflación o la inflación la que persiga a los salarios, por lo tanto sería sano que el debate empiece a girar alrededor de lo que demostradamente ha incrementado los sueldos en todas partes del mundo, la promoción de una sana competencia.
En todo lo que va de año mientras sectores empresariales y sindicales se han pelado las gargantas hablando de los salarios, la Comisión Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) solo ha recibido una mención relevante y de pasada por parte de un Senador quejándose de unos cambios en la directiva y que la entidad no está operando por unos nombramientos que están pendientes de realizarse desde hace 6 años.
La economía dominicana está plagada de monopolios y oligopolios que impiden la entrada de inversiones tanto locales como internacionales valiéndose de prácticas anticompetitivas como la fijación de precios predatorios, acordando precios, cartelizándose o directamente empleando el tráfico de influencia para en complicidad con autoridades del Estado impedir o dificultar los negocios de un competidor.
Esas prácticas anticompetitivas, que corresponden a PROCOMPETENCIA corregirlas, no solo restringen el acceso de más inversiones y negocios a nuestro país, sino que mantienen la oferta laboral sistemáticamente reprimida.
Países como Brasil y China en los últimos años han experimentado un crecimiento vertiginoso en el salario promedio que se paga a sus trabajadores en gran medida gracias a la apertura de sus mercados a las inversiones, la eliminación de “monopolios naturales” manejados por el Estado o empresas privadas, y asumiendo prácticas más tendentes a promover una libre y sana competencia en el mercado.
Hablar de los costos laborales actuales derivados del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el Código Tributario entre otros, así como considerar el impresionante aumento de la productividad de nuestra economía, entre otros puntos que se han enarbolado en el debate es perfectamente válido. Pero es importante recordar que el trabajo, como casi todo, es también un mercado, donde hay personas que lo ofrecen (los trabajadores) y hay personas que lo demandan (los empleadores). La realidad es que no vamos a ir a ninguna parte si el lado de la demanda no empieza a acelerar más rápido que el lado de la oferta, y esos solo puede ocurrir sanamente con más competencia.
