La Segunda Sala de la SCJ, en una resolución de apenas cuatro atendidos pretendidamente justificativos de su parte dispositiva, declaró inadmisible un recurso de revisión penal interpuesto contra una sentencia que declaró culpable de robo a una persona que fue acusada y juzgada por la comisión del delito de abuso de confianza.

Resulta que luego de cerrados los debates en la jurisdicción de fondo, el juez decidió variar la calificación jurídica del hecho y se retiró a deliberar no sin antes negarle al imputado la oportunidad de defenderse respecto del tipo penal retenido. Como se sabe, el artículo 428 del CPP, entre las causales que abren la referida vía recursiva, prevé la aportación de documentos que no hubiesen sido conocidos en la fase de juicio.

¿Qué pruebas ofertó el recurrente? Pues la matrícula de propiedad del local donde supuestamente se perpetró el robo, la cual estaba a nombre de su esposa, y el acta de matrimonio demostrativa de que el régimen por ellos escogido fue el de la comunidad de bienes. ¿Tenían estos elementos la capacidad de producir total certeza de la inexistencia del hecho juzgado?

Inclinarse por la negativa sería desconocer el artículo 380 del Código Penal, el cual establece que las sustracciones cometidas entre marido y mujer no se califican como robo, sino que apenas dan lugar a indemnizaciones civiles. Sin embargo, la resolución firmada por Fran Soto, Esther Agelán Casasnovas y Alejandro Moscoso, declaró la inadmisibilidad del recurso mediante cuatro atendidos vagos y abstractos, divorciados por demás de la premisa fáctica del recurso elevado.

Al no existir una correlación lógica entre los hechos invocados y la argumentación dada, se incurrió en el vicio de ilogicidad manifiesta, y peor aún, se desconoció el derecho a obtener una resolución motivada, garantía fundamental inmanente de la tutela jurisdiccional efectiva.