SANTIAGO. El alcalde Abel Martínez y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, volvieron a reunirse este lunes por segunda vez en menos de tres días, con el objetivo de poner fin a la litis judicial que mantienen, generada por el cobro de deudas que tienen entre sí las instituciones que dirigen.
El avenimiento se produce luego que Durán informara la decisión de la empresa acuífera, de desligarla a partir de hoy del cobro del servicio de recogida de basura, a través de la factura del agua potable y residual.
El artículo 6 de la Ley 582, del 4 de abril de 1977, modificada por la Ley 328-98, consigna que Coraasan “deberá” acordar con los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Santiago que se incluyan en las facturaciones por servicios de agua, cargos por otros servicios municipales, cuyos valores correspondientes serán entregados a los respectivos ayuntamientos dentro de 30 días de cobrados.
A instancia de la administración del municipio, ambos funcionarios encabezaron el pasado sábado sendas comisiones que se reunieron, acordándose preliminarmente puntos que los últimos meses los han distanciado.
Tras varias horas de análisis de las discrepancias entre el alcalde Martínez y Durán el sábado, acordaron volver a reunirse hoy, encuentro que se mantenía cerca de las 11:00 de la mañana.
Desde el pasado año ambas instituciones, dirigidas por figuras del oficialista PLD, mantienen un enfrentamiento judicial. Coraasan reclama el pago de 220 millones de pesos por servicio de agua a la Alcaldía, acumulados desde 1999 y la sindicatura exige el desembolso de casi 100 millones retenidos.
