Caracas, (EFE).- Seis de los siete alcaldes opositores venezolanos del estado Zulia (oeste) firmaron un documento en el que se comprometen a “acatar la orden de la Presidencia de la República” con respecto al presupuesto de 2017 aprobado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informaron este viernes los medios locales.
Tres de esos alcaldes, pertenecientes al partido Acción Democrática han sido expulsados de la formación política tras su decisión de acatar el presupuesto.
“La firma del mencionado documento no convalida por nuestra parte o avala la legalidad de los procedimientos y decisiones que llevaron a la aprobación del presupuesto nacional”, reza el texto del documento, publicado por el diario Panorama de Maracaibo.
Entre los regidores que firmaron el documento figura la alcaldesa de la ciudad de Maracaibo, Evelyn Trejo, esposa del excandidato presidencial y opositor Manuel Rosales, quien después de un año encarcelado, recibió el pasado miércoles el beneficio de arresto domiciliario.
También firmaron Freddy Gómez del municipio Francisco Javier Pulgar, Mervin Méndez de Lagunillas, Nidia Gutiérrez de Atencio de La Cañada, Ender Pino de Valmore Rodríguez, y Fernando Loaiza del municipio Catatumbo. Según el texto, los funcionarios indicaron que este acto no compromete su posición política “y el sentimiento democrático que nos caracteriza”.
Un comunicado del partido Acción Democrática en Zulia difundido hoy anunció que los alcaldes Gutiérrez de Atencio, Pino y Loaiza han sido expulsados de la formación tras la firma del documento.
Por su parte, la Asociación de Alcaldes por Venezuela emitió un comunicado en el que señalaron que no firmarán el aval de la Ley de Presupuesto Nacional 2017 porque pertenecen a un poder público distinto “al que tiene las competencias constitucionales para formular y aprobar el Presupuesto Nacional”.
En el comunicado destacan que nunca antes se les había exigido a los mandatarios municipales que suscribieran o avalaran la Ley que contiene el presupuesto de la nación, por lo que hacerlo “extralimita” sus atribuciones y competencias.
El 14 de octubre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la Ley de Presupuesto de 2017 y la Ley de Endeudamiento, sin que ambas fueran sometidas a la aprobación de Parlamento, después de que el Supremo dictaminará que no debía pasar por la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el alto tribunal.
El mandatario venezolano advirtió a los gobernadores y alcaldes que, de no acatar lo que dictamine el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al presupuesto fiscal, no les enviará recursos para sus administraciones y que será él mismo quien pague la nómina de los trabajadores de las gobernaciones y las alcaldías.
