El espectacular crecimiento de la economía dominicana en las últimas décadas es algo incontrovertible. Las estadísticas están ahí y avalan esa realidad. Eso es tan cierto como que tal hazaña se ha logrado sobre bases frágiles y que, por esa causa, puede revertirse en el momento menos sospechado.
También es verdad que los beneficios de ese incremento importante en la producción de bienes y servicios se ha concentrado en las manos de quienes más tienen y que, por eso, son quienes menos necesitan ser irrigados por esa bonanza, dadas sus posibilidades de generar sus propias soluciones de vida.
A causa de esa inequitativa distribución de los miles de millones de pesos que han circulado por el torrente financiero dominicano, hoy no podemos proclamar que tengamos resuelto de manera definitiva uno solo de los acuciantes problemas que nos aquejan y eso pone en videncia, sin ninguna duda, la pésima administración que se ha hecho de los fondos públicos.
Ha sucedido como si a una familia haya ingresado recursos extraordinarios durante un período relativamente largo y, no obstante eso, todas las variables de desarrollo humano continúen siendo precarias en los integrantes de ese núcleo. Su educación, de baja calidad, sin acceso a atención sanitaria eficiente, no se alimenta adecuadamente, ni realiza actividades lúdicas enriquecedoras. Al investigarse las razones, se confirma que ese dinero del cual dispusieron, los padres lo dilapidaron visitando cada día casinos de lujo.
¿Dónde ha radicado el desperdicio de los recursos del erario nacional? Habría que empezar citando la calidad del gasto en que se ha incurrido. Todo de la menor durabilidad y al mayor precio. Nóminas súper abultadas. Elefantiasis institucional para sustentar un ejército de parásitos.
Compras y contrataciones amañadas, traducido en obras de infraestructuras asignadas de manera corrompida, lo cual implica costos elevados por sobrevaluaciones y precaria calidad.
El más reciente escupitajo lanzado al rostro de nuestra dignidad, ha sido la solicitud del Senado de la república de un presupuesto para el próximo año de 2,500 millones de pesos.
Suma fabulosa para una entidad que de hacerse desaparecer de golpe y porrazo, nada negativo ocurriría en una nación merecedora de mejor destino. Al contrario, dispondríamos de esos recursos para invertirlos en resolver auténticos problemas y nos ahorraríamos el bochorno de tener que padecer la ignominia de continuar subsidiando la vida principesca de ese grupo de zánganos nutrido de la persistente miseria a la cual contribuye a perpetuar.
