La sentencia obtenida por el Instituto Dominicano de Defensa de los Derechos del Consumidor y el Usuario (Proconsumidor) en contra de una franquicia extranjera de restaurantes es una buena muestra de cómo un órgano público puede representar los derechos e intereses de los ciudadanos.

El expediente se originó en un caso aparentemente irrelevante en que un ciudadano compró para llevar un “combo de pollo” en Kentucky Fried Chicken y al percatarse que en la factura se consignaron RD$115 de impuesto de propina decide quejarse ante Proconsumidor, bajo el fundamento de que ese gravamen le es inaplicable por el hecho de estar haciendo una compra de comida a través del “take out” (para llevar).

Luego de instruirle un expediente administrativo, Proconsumidor ordenó a la empresa devolverle el monto pagado al ciudadano Jack Michaelo Sánchez Bonetti, orden que Kentucky rehusó cumplir y recurrió la resolución ante el Tribunal Superior Administrativo alegando que el impuesto del 10% de propina es legal.

Tras el recurso principal, la empresa interpuso un solicitud de medida cautelar para que se suspenda la sanción de la resolución de Proconsumidor, cuestión que le ha sido denegada por el Tribunal Superior Administrativo argumentando que ese órgano representa a la ciudadanía en la defensa de sus derechos como consumidores y usuarios.

Lo que ha decidido el tribunal es un correlato de la condición de derecho que tiene la protección de los consumidores en el artículo 53 de la Constitución. Pero, más aún, es el reconocimiento de las competencias de Proconsumidor como legítimo representante de los ciudadanos.

Eso es importante, puesto que muchas veces los órganos públicos de regulación no asumen esa representación porque prefieren ser prisioneros de los agentes económicos que regulan. Es una especie de “síndrome de Estocolmo” que hace inefectivos los derechos de las personas.

La única razón de que existan órganos como Proconsumidor y las superintendencias de regulación es la representación de los derechos de los consumidores y la defensa del interés público.

Por eso es tan importante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que otorga potestad sancionadora a Proconsumidor en el ejercicio del poder de policía que tiene ante los particulares.

Dicha decisión está pendiente de un fallo de confirmación del Tribunal Constitucional y la ciudadanía espera que los magistrados constitucionales ratifiquen esas competencias del órgano de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

La proclama que hace la Constitución de un Estado social y democrático de derecho carecería de fundamento si las disposiciones de la Ley 358-05, de Proconsumidor, no tienen eficacia para defender a los ciudadanos.