Pese a una tardanza excesiva en función de la magnitud del problema y del descaro, hoy, mañana o pasado el PLD pagará alto precio por su actitud ante la evidente corrupción seguida de absoluta impunidad que ha prevalecido en sus gobiernos.
Lo que se esperaba no era ausencia de actos reñidos con la legislación penal, el sentido de la ética, la honra y la dignidad, porque pretender eso es de ilusos, pero nos asistía el derecho de aguardar que en gestiones gubernamentales presididas por una organización que tanto se ufanaba del comportamiento de sus integrantes y que tanto denostaba a los demás, se asumiera una reacción diferente ante el asomo de inconductas.
Lo peor no ha sido la ocurrencia de tales hechos, sino que los mismos han sido resultado de una voluntad inequívocamente dirigida, al menos en su componente de inexistencia de sanciones, a configurar un entramado institucional capaz de garantizar que no obstante lo que pudiese pasar, las consecuencias correspondientes jamás se produjeran.
Eso ha determinado una posición cínica ante el fenómeno de la corrupción que se ha traducido en manipulación del supuesto combate de la problemática con finalidades mezquinas, hipócritas y oportunistas. El más reciente ejemplo de esa afirmación es la suspensión por parte del secretario general del partido de los señores Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, dos personajes que no merecen la más mínima defensa, pero tampoco dejar de resaltar el ardid escudado detrás de ese simulacro.
Usar la justicia y medidas disciplinarias como armas de la lucha interna que se libra dentro del PLD representa una manifestación de la más baja catadura y evidencia la ausencia de vocación auténtica por extirpar el mal.
Los dos dirigentes sancionados en la actualidad arrastran problemas judiciales desde hace mucho. Al senador Bautista, la corriente del presidente a través del entonces Procurador Domínguez Brito, lo asedió como parte del propósito de descartar a Leonel Fernández para la candidatura presidencial del 2016.
Logrado el objetivo, para sorpresa de muchos el magistrado renunció a recurrir en casación porque en ese momento convenía al proyecto reeleccionista sumar al expresidente y su equipo a la campaña.
Ahora, se sirven del caso Odebrecht y de la medida tomada por el gobierno de Estados Unidos para intentar oxigenar el propósito reeleccionista del presidente Medina, que si bien es cierto pasa por pésimo momento, no menos verdadero es que no ha sido descartado de manera definitiva.
