Una cosa es callar cuando se tiene que hablar, pero otra muy diferente hablar cuando se tiene que callar; y peor todavía hacerlo para decir lo que no se tiene que decir, como ha ocurrido con la Procuraduría General de la República a propósito de la designación del juez Francisco Ortega Polanco para ventilar el caso Odebrecht.
El Ministerio Público no guardó siquiera las formalidades para advertir a la Suprema Corte de Justicia que de no mantener a Ortega Polanco, como si fuera el único que reunía las condiciones morales y profesionales para conocer el proceso, “se crearía un caos y descalabro en el sistema de justicia”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, entendió mal si consideró que la intervención había sido solo un atrevimiento, como la calificó, de la directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier.
Ante el vergonzoso silencio de Germán, que ha debido emplazar al Ministerio Público para que pruebe o identifique a los jueces favorables a la impunidad de los acusados, la magistrada Miriam Germán, que ya había sido recriminada por el titular de la corte por solicitarle pronunciarse contra las imputaciones, se tomó la libertad de contestar en defensa de su dignidad personal y profesional.
El incidente en torno a un escándalo de corrupción en que abundan los cabos sueltos, que ha puesto en tela de juicio la independencia de la Justicia, no es ruido ni pleito de comadres. No ha de olvidarse en que al presentar los resultados de la investigación el procurador Jean Alain Rodríguez dijo que había cumplido con su misión y que ahora competía a la justicia cumplir con la suya.
La advertencia del Ministerio Público da lugar a especulaciones. ¿Qué hubiera pasado de la Suprema Corte de Justicia no haber ratificado al juez Ortega Polanco, (probo, competente y responsable) para conocer el escándalo de corrupción? ¿O si hubiera designado para el caso a una magistrada como Germán Brito, quien ya había señalado que con un indicios tan superficiales ningún juez que se respete condenaría a los encartados? No se puede descartar que se decidiera archivar el expediente por desconfianza en la Justicia, como hizo el exprocurador Francisco Domínguez Brito durante el juicio por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros cargos contra el senador Félix Bautista.
El silencio es prudente cuando lo aconsejan las circunstancias, pero ante presiones y acusaciones tan comprometedoras como las formuladas no por la directora de la Pepca, sino por el Ministerio Público, no se puede alegar ignorancia. Es un silencio que ensombrece la reputación del sistema judicial, aunque no se le confiera mayor importancia.
