Es francamente desalentador comprobar que muchos analistas que escriben en los grandes medios de comunicación, al comentar la situación política dominicana ponen a sus lectores entre la espada y la pared, al consignar que para las elecciones del 2016 solo hay una alternativa: o la reelección del Presidente Medina o el retorno de Leonel Fernández a la Presidencia.
En el primer caso se fundamentan en la popularidad del actual incumbente del cargo presidencial, mientras que en lo referente al doctor Fernández los vientos suaves que esperaba se han convertido en un huracán que amenaza con echar por la borda sus aspiraciones futuristas.
En ambos casos, cada cual da por sentado que tiene la mayoría, olvidándose quizás de que una postura irreconciliable podría causar una seria erosión en el PLD, que parece latente aunque todavía no haya aflorado.
Cada quien cree tener su guiso asegurado ante la debilidad de la oposición, que sigue dividida a pesar de estar consciente del peligro que significa la existencia de un partido único, sin más alternativas democráticas que la que podrían ofrecer el licenciado Medina y el doctor Fernández.
Los que mantienen esa visión dual sobre el futuro del país ni siquiera hablan de la necesidad de una Asamblea Constituyente, que podría modificar la Constitución para ampliar de cuatro a seis años el período presidencial y prohibir la reelección presidencial y vicepresidencial.
Con una Constituyente libre y soberana, sería el pueblo quien democráticamente determinaría si procede o no modificar la Constitución, que no sea mediante una Asamblea Revisora, donde la mayoría está representada por el partido de gobierno y los demás fueron electos por afectos políticos o realidades económicas.
Esa misma Asamblea, incluso, podría crear mecanismos más idóneos para hacer frente a la corrupción, en la que están involucrados muchos de los que hoy pululan en las filas de quienes quieren volver a gobernar por el medio que sea. Se pondría fin así a la tolerancia e impunidad que reina hasta el día de hoy, lo que ha hecho imposible juzgar y sancionar como se debe a los desfalcadores de los bienes públicos.
En esa categoría debería incluirse a jueces venales que archivan expedientes sobre corrupción o liberan a traficantes de drogas convictos y confesos, una burla a la sociedad dominicana que debe ser enfrentada con vigor.
El país no resiste estar en medio de tanta incertidumbre que amenaza seriamente sus cimientos. Los grupos organizados, entre ellos las iglesias, deberían reflexionar y actuar militantemente para que se borre la idea de que solo hay la alternativa reeleccionista o el retorno de más de lo mismo.
