Domingo Matías, sociólogo y experto en temas municipales cuestiona que el proyecto Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de La República Dominicana porque vulnera la autonomía y las competencias propias de los gobiernos locales.
En la Cámara de Diputados cursa un proyecto de ley preparado por la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial. Este iniciativa fue depositada el 20 de agosto de 2013 y los diputados pretenden aprobarlo en esta legislatura que vence el próximo sábado 26 de julio 2014.
Matías valora como positivo el proyecto de ley en cuanto a que busca “articular las diferentes instituciones que tienen competencias en materia de tránsito y transporte, lo cual conllevaría la reducción del gasto del Gobierno central”. Expresó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que será creado por la ley, vendría a jugar un rol de consolidación de las políticas de tránsito y transporte en República Dominicana.
También resalta como positivo que se defina un proyecto de ley que busque aportar soluciones “al caos, el desorden y la desinstitucionalización del transporte público y privado de pasajeros”.
No obstante señala el experto que taxativamente quedan derogados los literales a y b del Artículo 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios en cuanto Competencias Propias del Ayuntamiento sobre el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, además de normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.
Dice el sociólogo, quien es coordinador del Foro de Municipalistas, que los diputados debieron tener como punto de partida la Constitución que ellos aprobaron en el año 2010. Afirma que más que quitar competencias a los municipios deberían transferir competencias y recursos. Y más que centralizar se deberían territorializar las políticas públicas.
“El artículo 204 de la Constitución Dominicana establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos. Y que su implementación “conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”, apunta el también experto en planificación.
Matías llama a la reflexión a los congresistas para que preserven competencias que únicamente los ayuntamientos a nivel nacional tendría posibilidad de ejecutar como son los casos de la señalización, el control de las estaciones o terminales públicas de autobuses y la normativa en materia de uso de suelo para el transporte público. Señala el experto que hay que pensar más allá de Santo Domingo y Santiago y conectarse con los 156 municipios del país, en los cuales el INTRANT no tendría capacidad operativa para gestionar, como no la tienen en la actualidad AMET, OTTT, la ONSA y el Ministerio de Obras Públicas.
El municipalista señala que es una aberración e injustificable la decisión el tratar que los ayuntamientos pidan permiso al INTRANT para ejecutar trabajo en las vías públicas. Dice que esto contraviene el espíritu de “las legislaciones a nivel mundial donde se instituye que la normativa sobre las vías públicas, lo mismo que el control de publicidad, constituyen competencias de vocación municipal”.Afirma que el tiro de gracia a la autonomía municipal lo da la derogación del literal n del Artículo 19 de la Ley 176-07 de los municipios, la cual establece que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de ordenar y reglamentar el transporte público y urbano.
