El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago, licenciado Julio César Valentín, sometió un proyecto de ley que castiga el soborno y el nepotismo con prisión de dos a cinco años, y multas de veinte a veinticinco salarios mínimos.
Uno de los considerando de la pieza resalta la necesidad de combatir la corrupción administrativa en el Estado en sus diversas vertientes.
Incluye y tipifica elementos que no están sancionados en el Código Penal.
Define nepotismo el funcionario público que designare o autorizare la incorporación a la nómina de la institución pública en la cual presta servicios, de su cónyuge o conviviente, ascendiente o descendiente colaterales, hasta el tercer grado de consaguinidad inclusive, o segundo grado de afinidad también inclusive.
El proyecto denominado Ley de Integridad, abarca diferentes aspectos sobre la corrupción administrativa.
La aceptación de dádivas por funcionarios públicos de los casos señalados como delitos a sancionar para combatir la corrupción.
De dos a cinco años de prisión y una multa equivalente a veinticinco salarios mínimos, son la sanción propuesta para el que reciba dádivas.
Explica que son muchos los funcionarios que recurren a pedir dinero para la realización de un deber que le obliga el cargo.
Considera que el marco legal vigente en materia de combate a la corrupción no establece penas adecuadas que disuadan y desincentiven la comisión de las prácticas corruptas, razón por la cual su inclusión a nuestro ordenamiento jurídico y actualización de la ya existente se hace necesaria y urgente.
La iniciativa de Valentín propone un año de prisión y multa de cinco salarios mínimos los que no cumplan con la ley de declaración jurada de sus bienes.
La falsedad en la declaración jurada por parte de los funcionarios sería castigada con una pena que oscila entre uno a cinco años de prisión y multa de cinco salarios mínimos.
Sugiere Valentín que se sancione el peculado con pena de seis a 10 años de prisión y cien salarios mínimos de multa.
El peculado agravado aumentaría la sanción con 10 a 15 años de prisión y multa de 150 salarios mínimos.
Se reprime con igual pena el funcionario público que se aproveche indebidamente, en beneficio propio o de un tercero, de trabajos o servicios pagados por la administración del Estado.
