SANTIAGO. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) sometió hoy una demanda en referimiento contra el alcalde, Abel Martínez, para que ordene la reapertura de la oficina de cobro del servicio de agua, que funciona en el edificio municipal hace más de 40 años.
La acción se produce luego que la tarde de ayer se informara a la comisión que la representa en las negociaciones con relación a la crisis que enfrenta a ambas instituciones, que Martínez no aceptó el funcionamiento de dicha oficina.
El equipo legal de la empresa, encabezado por el abogado Jorge Ortega, recordó que el pasado 30 de diciembre el alcalde Martínez decidió que Coraasan tiene que abandonar el lugar, ubicado en el primer nivel del edificio.
Esta es la segunda ocasión en que, como parte de la litis entre ambas instituciones, que comenzó a principios del pasado año, que el síndico decide tal medida. En la primera oportunidad la decisión se mantuvo por varios días, luego Martínez la dejó sin efecto.
Desde el pasado fin de semana, y ante las dificultades para que la Alcaldía y la Coraasan diriman sus diferencias legales fuera de los tribunales, estas se agudizaron cuando la empresa acuífera decidiera dejar sin efecto el cobro de recogida de basura, que desde hace año se realizaba a través de la facturación de los servicios de agua potable y residuales.
Esa decisión, que comenzó a aplicarse el lunes último, obligó a volver a buscar una salida a la crisis, designándose sendas comisiones que se han reunido varias veces.
La más reciente fue en la tarde de ayer, cuando los representantes de la Alcaldía, tras reunirse con Martínez, informaron a los comisionados de la Coraasan que este no aceptaba algunos puntos concensuados.
