Es tal la sospechosa incoherencia de las actitudes y decisiones que externa o patrocina el Presidente de la Junta Central Electoral, que nos resulta incontenible la necesidad de evidenciar las dudas – por no decir los recelos que nos embargan acerca de su imparcialidad en las próximas elecciones presidenciales.
Que en el pasado período electoral siendo Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral recibiera sumas millonarias por su labor como abogado consultor de determinadas instituciones del Estado, nos causa justificados temores.
Que en el actual período electoral se obstinara de manera militante en el propósito de eliminar al Director del Centro de Cómputos de la Junta, nos induce justificados temores.
Que lograra ese objetivo con el apoyo descarado del gobierno del Señor Leonel Fernández Reyna y de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, nos conduce a justificados temores.
Que con el respaldo señalado en el párrafo anterior se empecinara en imponer como Director de cómputos de la Junta Central Electoral a quien fuera su candidato favorito, nos instiga justificados temores.
Que desde buen tiempo a esta parte estuviera ideando una nebulosa fórmula para la publicidad de las actas de votación, nos estimula justificados temores.
Que mostrara de forma tozuda su voluntad de ponerle trabas, mediante argumentos difamatorios, a Participación Ciudadana en su tradicional papel de observadora imparcial de las elecciones nacionales, nos produce justificados temores.
Que se sienta satisfecho frente a encuestas que revelan que un 78.2 por ciento de la población y no un 98 ó 100 por ciento como es lo normal frente instituciones de esa naturaleza considere que la Junta que él preside es creíble, nos ocasiona justificados temores.
Que Eligio Jáquez no deba presidir un centro de votación por ser miembro del Comité Ejecutivo del PRD y él, Roberto Rosario, siendo y sabiendo que es miembro del Comité Ejecutivo del PLD presida todo el proceso electoral, nos reitera justificados temores
Que argumentar que específicos artículos de la Ley Electoral prohíben las encuestas a boca de urna a sabiendas de que decir eso es mentir, nos ratifica justificados temores.
Que tras la exposición de ese disparatado argumento se contradiga reconociendo el derecho de CONEP a llevar a cabo una encuesta a boca de urna con la empresa Gallup, nos multiplica justificados temores.
