Ahora sí es verdad que la Suprema Corte de Justicia está en una verdadera disyuntiva con la sentencia que evitó que el senador Félix Bautista fuera enviado a juicio por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsificación de escritura pública, evasión fiscal y otros delitos instrumentados por la Procuraduría General de la República. Pudo evitarlo con la designación de un juez para conocer el expediente menos relacionado con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que Alejandro Moscoso Segarra, pero, por razones que no se conocen a ciencia cierta, no lo hizo. Todavía en el supuesto caso de que el veredicto responda y se sustente en criterios jurídicos, no es la percepción que ha dejado en la opinión pública.
La sentencia ha despertado la indignación de los más diversos sectores, porque se entiende, como declaró el procurador Francisco Domínguez Brito, que estimula y premia la impunidad. De haber sido emitida por un magistrado considerado más independiente, al margen de las intenciones de no comprometer a nadie más, políticamente hablando, tal vez la reacción no hubiera tenido la misma intensidad, a pesar de los minuciosos detalles sobre el asombroso incremento del patrimonio y la mala prensa del antiguo director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). La corte cuenta con jueces que gozan de buena reputación tanto por su ejercicio profesional como por su vida ciudadana. Pero se prefirió a uno que, aunque todavía pueda ser muy competente, está muy marcado por los intereses políticos.
La disyuntiva para la Suprema es ahora que cualquier decisión que adopte sobre la apelación que anunció el Misterio Público cuestiona su integridad. En el supuesto de que anule el fallo de Moscoso Segarra, se atribuirá la acción no a la sensatez derivada de las alegadas pruebas que sustentan la acusación, sino a la presión de la opinión pública. Pero si lo ratifica, entonces estaría confirmando que el fallo se inscribe dentro de un compromiso para blindar a dirigentes del PLD y de partidos aliados de sometimientos por corrupción. ¿Se habría previsto el desenlace? La respuesta también plantea dudas. Tal vez si, tal vez no.
El senador de San Juan y su entorno han sido los grandes beneficiados con una de las sentencias que, desde aquel célebre fallo histórico de la Junta Central Electoral (JCE), más rechazo ha generado. Pero el sistema judicial –y por ende la seguridad jurídica- han sido los más perjudicados con un malestar que pudo preverse y evitarse a través del sentido común, con todo y que sea el menos común de los sentidos. El dilema ahora es cómo salir del berenjenal sin lesionar aún más la reputación del tribunal.
