El Colegio Dominicano de Notarios suspendió la colegiatura y sometió hoy por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a cuatro de sus miembros, acusados de no actuar con prudencia ante la nueva Ley 155-17, sobre Lavado y Financiamiento del Terrorismo.
Los sometidos son Julio C. Troncoso Saint Claire, Carlos Manuel Fernández Rodríguez, Margarita del Alba Piñeyro López y Juan Ferreras Matos, quienes según esa entidad fueron suspendidos hasta que la SCJ decida el caso.
El presidente de la entidad, Pedro Rodríguez Montero, dijo que otro grupo de 115 es investigado, tras advertir que si los colegiados no actúan con prudencia ante la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, serán sancionados con prisión desde seis meses a 10 años.
Montero declaró que la Fiscalía y la Comisión de Disciplina de esa agrupación han conocido 150 expedientes y que 35 han sido desestimados por acusaciones temerarias de clientes y por carecer de méritos.
Manifestó que lo más grave del cuadro es que, no obstante las denuncias hechas por los medios de comunicación sobre la comisión de actos delictivos de notarios, la Procuraduría General de la República en vez de reclamarles el papel de seguridad notarial les legaliza ligeramente los más diversos actos.
Indicó que los suspendidos hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie son los doctores Julio C. Troncoso Saint Claire, Carlos Manuel Fernández Rodríguez, Margarita del Alba Piñeyro López y Juan Ferreras Matos y que los fallos de los que son enjuiciados serán evacuados en los próximos 60 días.
Expresó que las acusaciones formuladas contra ellos son legalización de firmas falsas, distribución y venta de actos notariales en blanco, con sus firmas y sellos, y actuaciones reñidas con la ley en la ejecución de embargos, entre otros.
