Como ha sido costumbre en todos los casos de aumentos de impuestos, tasas o aranceles, con el incremento de las tarifas de peaje las costillas de los consumidores sufren el flagelo de las alzas desconsideradas en precios del transporte.
A pesar de que el Gobierno dispuso rebaja de hasta cien pesos al pago de peaje por autobuses, la Confederación Nacional de Transporte (Conatra) decretó un aumento de cinco pesos en el precio del pasaje, con lo cual convierten una denunciada calamidad en provechosa fuente de ganancias.

En efecto, Conatra se aprovecharía de un reajuste de 30 pesos en los peajes para ganar $145.00 en cada recorrido urbano e interurbano.

¿Es que acaso la ciudadanía no merece siquiera un mínimo nivel de protección por parte de las autoridades ante los abusos de esas empresas del transporte de pasajeros que se consideran dueñas del país?.

Durante 14 años, se mantuvo congelada la tarifa en los peajes, por lo que el incremento que se ha dispuesto se define como un reajuste por inflación, que en ningún modo debe justificar abusivos aumentos en precios del pasaje en autobuses, minibuses o carros del concho.

Ante la carnicería que pretenden desatar empresas del transporte, el Gobierno ha dispuesto una rebaja de cien pesos en el pago de peaje a autobuses, por lo que no se justifica el aumento en el precio del pasaje anunciado por Conatra.

Lo grave no es que de manera automática se traspasan al consumidor los incrementos en los costos de producción o de servicios, lo peor es que se transfieren con el propósito de obtener más ganancias, como si el lomo de los consumidores pudiera soportar tantos flagelos.

El Gobierno tiene la obligación de impedir que gente sin alma aumenten el precio del pasaje o de cualquier otro servicio o producto de primera necesidad bajo el infeliz argumento de que se ha producido un incremento en la tarifa de los peajes. Tanto va el cántaro a la piedra…