La dirección que lleva la tarjeta de solidaridad es una ruta directa a institucionalizar la limosna, va a tornarse irremediablemente costosa, y será terriblemente irreversible. Y lo peor es que actualmente todos los partidos la celebran como la segunda venida del Mesías, y no tienen la visión para percatarse del peligroso desenlace al que indudablemente va a girar, todo claro, a expensas de los contribuyentes, que no son necesariamente el pueblo. Yo, 20 de agosto del 2008.
Y casi dos años y varios miles de millones de pesos después, los partidos de oposición empiezan a rasgarse las vestiduras por el supuesto uso político dado a la Tarjeta de Solidaridad. Curioso, pues recuerdo vívidamente como en ese año la campaña presidencial del hoy líder de la oposición repartió tarjetas de solidaridad que serían activadas en caso de ganar las elecciones.
No creo que la historia sea diferente cuando el actual partido oficialista eventualmente vuelva a ser oposición. Igual acusarán a quien esté arriba de dar uso político a La Tarjeta Solidaridad, y en ese momento ya todos habrán sufrido las embestidas del Frankenstein que se han creado.
Debo decir que personalmente, el uso político y electoral que le den los partidos a la Tarjeta de Solidaridad, en buen castellano, me suda la polla. Mi verdadera preocupación es el fin del programa y muy especialmente el dinero invertido en él.
Se considera como una ayuda entregada a un grupo de personas a los fines de que estos puedan adquirir ciertos bienes que no pueden adquirir bajo sus propios medios. No es una solución al desempleo, no es una solución a los bajos salarios, no es una solución frente a los altos costos de los bienes de consumo. La Tarjeta de Solidaridad no resuelve absolutamente nada; en el más optimista de los casos es apenas un parche.
No me interesa siquiera cuestionar los criterios para determinar quién puede ser beneficiario y quién debe dejar de ser beneficiario. Lo que tenemos que plantearnos con seriedad es su existencia. Pero puede que hoy estemos en donde dije hace dos años que estaríamos: en el punto sin retorno.
Hoy se habla de centenares de miles de beneficiarios dependientes de Solidaridad para subsistir. Esto sumado a las perspectivas de expansión del programa a más personas y a ofrecer mayores sumas de dinero por tarjeta habiente, hará muy difícil que alguien se anime a asumir el costo político de desmontarlo. Lentamente este privilegio se va a convertir en derecho ciudadano y deber del Estado Social de Derecho que será reclamado a base de piedras y bombas molotov.
El programa seguirá creciendo, se necesitará cobrar más impuestos para pagarlo, más impuestos implican menos empleos y peores sueldos en el sector privado, y esto a su vez significará más necesidad de Tarjetas de Solidaridad. Voilá! Círculo vicioso instantáneo.
El escollo político que genera, el costo enorme que representa, la dependencia a la limosna estatal que incentiva, y el problema económico al que degeneraría un programa que nada resuelve, hacen de su existencia un riesgo innecesario que estamos en la obligación de evitar. La pregunta es: ¿Quién se hará cargo de decirles a los cientos de miles que reciben dinero por simplemente existir, que en lo adelante ya no van a recibir ni un chele?
