QUITO, (AFP) – Cientos de taxistas protestaron este lunes en Quito para exigir a las autoridades suspender el funcionamiento de los servicio de transporte Uber y Cabify, que operan sin licencia y los consideran una competencia desleal.
Al grito de “¡fuera Uber!”, los transportistas marcharon desde el parque el Arbolito, en el centro de la ciudad, hasta el Ministerio de Transporte, donde se reunieron con autoridades para presentar sus demandas.
“No permitiremos bajo ningún aspecto que estas plataformas internacionales invadan nuestros puntos de trabajo”, dijo el dirigente de los taxistas, Paco Velasco, a través de un megáfono antes de ingresar a la reunión.
Uber y Cabify comenzaron a operar en Quito y la costera ciudad de Guayaquil en 2017. Ambas empresas no cumplen con los requisitos que establece la Ley de Tránsito, pues sus vehículos no cuentan con el permiso de operación para brindar el servicio de taxi.
De acuerdo con Juan Pazos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, ambas compañías “no tienen ninguna homologación de la agencia, hay una actividad ilegal que están haciendo”.
“Nosotros en ningún momento hemos dado autorización para que ninguna plataforma que no cumpla la ley, como el caso de Uber y Cabify, tenga permiso para ser utilizada”, declaró Pazos a la prensa. Jorge Tupuna, gerente de una cooperativa de taxis de Quito, reclamaba que las plataformas Uber y Cabify les quitan clientes y que sus vehículos no cumplen con la norma.
“Ellos cobran las tarifas que les da la gana, nadie les controla. La ley es para todos y la ley dice que debe ser un carro amarillo, con permiso de operación para prestar el servicio de taxi”, dijo a la AFP Tupuna, agregando que los conductores de estas plataformas emplean “carros particulares” para transportar pasajeros.
En medio de la protesta los transportistas que paralizaron sus actividades arrojaron huevos y botellas a los taxis que optaron por seguir trabajando pese a la convocatoria de los dirigentes.
Taxistas de todo el mundo protagonizaron protestas similares contra estas aplicaciones, a las que acusan de operar de manera ilegal y mermar sus ingresos.
