A partir de la composición socio-económica de la mayoría de los imputados en procesos penales y de la población penitenciaria en los recintos carcelarios, se podría arribar a la conclusión falsa de que en este país quienes incurren en infracciones a las normativas del código penal, son los pobres, al menos en una proporción abrumadora.
¿Puede afirmarse, por eso, que en la realidad de los hechos, los desprovistos de fortuna delinquen más que los privilegiados sociales? La respuesta es negativa. Los últimos no solo violan igual o más las leyes penales, sino que en mucho mayor medida sus infracciones implican una lesión social de más envergadura que las de los primeros.
La explicación de la diferencia cuantitativa entre unos y otros está en que ambos se enfrentan a un sistema judicial que no se activa de igual manera para todos los ciudadanos. Implacable, efectivo y avasallante contra personas desprovistas de poder; en cambio, sumisa, ciega e indulgente frente a procesados de abolengo.
Lo que todos hemos presenciado en las excepcionales ocasiones en que se ha juzgado a potentados, es la aplicación de penas cuantitativamente reducidas en relación con los hechos cometidos; una aplicación de la sanción de forma especial; y un patrimonio personal no tocado. De esa forma, los acontecimientos, lejos de constituirse en persuasivos capaces de evitar la reiteración de sucesos similares, se traducen en incentivos para la comisión de los mismos.
Cuando a ese sistema se le presenta una oportunidad de simular fortaleza y severidad, lo cual siempre ocurre en casos concernientes a miembros anodinos de una parte frágil de la cadena social, muestra un ensañamiento absoluto que se torna abusivo e irritante. Es lo que acaba de ocurrir con una infeliz mujer que más por ignorancia que por cualquier otra causa, daba a ingerir cerveza a su pequeña hija.
Sin mayores reparos, se le condena a tres meses de prisión preventiva, en una decisión que tiene casi todo de circo y falsía y poco de propósito efectivo de alcanzar la reinserción social que se supone es el objetivo primario de toda sanción de naturaleza penal.
Como suele suceder, estas muestras estrambóticas de cinismos coinciden con casos de gran calado, en los cuales las actitudes judiciales resultan ser todo lo contrario, confirmando, nueva vez, la tenue telaraña que representa el aparato judicial, destrozada de forma burlesca por poderosas pisadas, mientras se solaza en la entretención de atrapar minucias.
