¿Y será que el carguito daña gente? Me vociferó el conductor de una pequeña camioneta en un embotellamiento del tránsito frente a Plaza Lama, en la 27 de Febrero, y había avanzado muy poco cuando una dama se llevó el índice al cuello, diciéndome que esto se embromó.

No pedí detalles, sabías que esas como otras personas que me abordaron ese día se referían al nuevo escándalo de la Cámara de Cuentas, develado por Víctor Gómez Casanova, en el Gobierno de la Mañana, que con pruebas irrefutables a manos demostró que los nuevos miembros del organismo en cuestión se aprobaron el pago de la regalía pascual completa y un incentivo igual al sueldo y al monto de la regalía, que los llevó a totalizar un cobro de 845 mil 920 pesos con 80 centavos.

Conforme a la ley que rige la materia no calificaban ni siquiera para cobrar una proporción del salario de navidad porque no han cumplido tres meses en su cargo, pero como disponían de la cuchara para servirse a su antojo, la emplearon sin moderación, ellos que son los llamados a verificar la calidad del gasto público.

Que Fulano es serio. Que mengano tiene una trayectoria. La denuncia ni cuestiona seriedad ni trayectoria, lo que demuestra es que se ha cometido una flagrante violación a la ley, y que lo ha hecho la entidad menos indicada para promover esos desatinos.

El Congreso debe mantenerla en la mira y ante otra pifia actuar sin contemplación, porque esos señores saben muy bien que sustituyeron a los miembros de una Cámara de Cuentas en la que se impuso el criterio de que estaban para fiscalizar, y jamás para ser fiscalizados.

Mientras han sido tan generosos con ellos mismos, de forma implacable, arbitraria y medalaganaria han despedido a más de trescientas personas, entre ellos técnicos que han hecho una vida en la institución, sin que haya importado para nada lo que plantea la ley 41-08, que regula la función pública. A todos les han regateado el pago del doble sueldo.

Pero hasta el viernes, ese no era tema del momento, todo lo copaba la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Sunland.

Me inscribo en la posición de aquellos magistrados del voto salvado: Rafael Luciano Pichardo, Hugo Alvarez Valencia, José E. Hernández Machado, Margarita A. Tavarez y Darío O. Fernández Espinal, no en el aspecto de que si el contrato no hubiese perimido, por haber tenido el aval de 19 pagarés no transgredía la ley de crédito público, sino en lo que tiene que ver en la falta de objeto, por la anulación del contrato.

De la misma manera que carecería de sentido conocer de la inconstitucionalidad de una ley derogada o de un decreto dejado sin efecto, es totalmente ilógico pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un contrato deshecho. Quienes asesoraron al presidente en términos jurídico le dieron la mejor salida.

Creo que también ha sido correcta la alerta de los magistrados del voto disidente: Ana Rosa Bergés Dreyfous; Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Aníbal Suárez, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia no debe abandonar ni restringir el concepto de parte interesada, que ella misma había consagrado en una sentencia de agosto de 1998.

Insisto en que no veo sentido en declarar la inadmisibilidad de un recurso y opinar sobre el fondo de lo que no se va a conocer, como lo hicieron la mayoría de los que votaron la inadmisibilidad por falta de calidad de los promotores de la iniciativa, que a pesar de sustentar ese criterio, como si procuraran ganar simpatías, opinan sobre la inconstitucionalidad de un contrato nulo, al plantear que debió cumplir con el requisito ineludible de pasar por la aprobación del Congreso Nacional.

Pienso que de todos modos el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo han desempeñado un rol importante. Es por la denuncia y la persistencia del PRD, que el contrato se anula, después que resultaron fallidas las justificaciones, y por la iniciativa de ambas entidades de recurrir a la Suprema y mantener la presión sobre el tema, que hubo que evacuar una decisión.

Aunque con el nuevo escándalo de la Cámara de Cuentas se confirma que no suele aprenderse en cabeza ajena, todo lo ocurrido con Sunland hace pensar que difícilmente el gobierno actual o alguno futuro se animen a repetir una operación similar, por más desesperado que se encuentre para conseguir recursos.