El aumento de la tasa de cambio que movilizó las drásticas medidas tomadas por el Banco Central la semana pasada, es un claro aviso de que la República Dominicana está siendo castigada por los mercados por su incapacidad de realizar reformas económicas importantes, cuando el costo de su endeudamiento era bajo. Es probable que las medidas del Banco Central tengan un efecto pasajero, y es previsible que en el corto y en el mediano plazo el dólar siga su tranquilo cauce hacia arriba. La solución definitiva no está en manos del Banco Central, sino en los actores políticos y su capacidad de ejecutar las reformas que hagan de nuestro país más competitivo y capaz de atraer y retener inversiones.
El circo construido alrededor del contrato con la Barrick Gold, así como las nacionalizaciones en los peajes y las sucesivas demandas internacionales por incumplimiento de contratos, no nos han hecho muchos favores. La falta de seguridad jurídica tiene sus costos, y se reflejan en la tasa del dólar, la balanza comercial, la inflación y el mismo desastre del sector eléctrico. El primer paso para promover una mejoría en la situación económica debe ser fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. En todo caso el Estado debe recuperar su credibilidad como ente de negocios, y aprender a cumplir fielmente las cosas para las que se compromete.
Por las malas aprendimos que la deuda externa hay que pagarla. Deberíamos ser inteligentes y no tener que llegar a las muy malas para aprender que los compromisos asumidos por el país hay que honrarlos, incluyendo los contratos que no nos gusten.
Hay y siempre habrá mejores alternativas que pulsear sobre acuerdos o leyes ya firmados.
Por otro lado, así como el gobierno parece estar dando altísima prioridad a la educación, este debe trazarse una meta igual de ambiciosa de mejorar de forma dramática el estatus de la República Dominicana en competitividad. Contrario al caso de la educación que demanda mucho dinero y acción directa, es probable que la mejora en los índices de competitividad resulte en que el gobierno haga más y gaste menos.
Se debe abordar con seriedad el costo de hacer negocios en el país. Parecemos tan obsesionados con una correcta distribución de las riquezas, que nos olvidamos de que aquí realmente no hay riquezas, y lo que hacemos es castigar lo poco que sí se crea. Lamentar una baja presión tributaria es deshonesto si se ignoran los costos impositivos no tributarios a cargo de los llamados a crear empleos dentro de la Seguridad Social, el Código Laboral y los costos legales de cumplimiento, y más si se deja de lado la realidad de la alta informalidad de la economía.
El Banco Central no tiene, ni tendrá, una varita mágica para males cuya responsabilidad reside casi en su totalidad en manos de los tres poderes del Estado.
Algo tendrá que ceder. La pregunta es si lo que deseamos que ceda sean nuestras rigideces legales y de facto que afectan al clima de negocios, o si en cambio, que lo que ceda sea el dólar hasta meterse al DOP$100.00 por USD$1 y finalmente aprendamos la lección por las muy malas. Es nuestra elección.
