He leído las 336 páginas del documento del Procurador General de la República donde solicita al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, “en calidad de Juez de la instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia”, declarar complejo, un año y seis meses de prisión preventiva en el caso de soborno que involucra a los señores Juan Temístocles Montás, Tommy Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián, Alfredo Pacheco Osoria, Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Oleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
No creo, en verdad, que ese documento sirva de base para condenar a todos los imputados porque está lleno de generalidades, insinuaciones, conjeturas, especulaciones, alucinaciones que en un tribunal, serio y competente, fuera de prejuicios y compromisos políticos, pruebe los sobornos.
Lo que podría quedar claro más allá de toda duda, es el incumplimiento de la ley sobre declaración jurada de bienes que nadie cumple desde hace muchos años, así como la sobrevaluación de las obras públicas que estamos viendo desde la fundación de la República en 1844, sin que haya mayores consecuencias.
Las acusaciones están mal fundamentadas, probablemente a propósito para que al final del show (más circo que pan) nadie o muy pocos terminen con sanciones relativamente graves. Siento que nos están tomando el pelo como otras tantas veces.
Después de leer el disparate de documento del Ministerio Público, estoy convencido de que la política está presente, que no es verdad que “están todos los que son”, ni que “son todos los que están”, como dijo Jean Alan Rodríguez en su burbuja.
El documento de marras establece que la concesión de las plantas de Punta Catalina fueron “adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, el imputado Angel Rondón”, que aparece como el principal responsable de los hechos y sobre quien “podría caer todo el peso de la ley”, porque alguien debe ser sacrificado. Danilo Medina, como presidente de la República, debió ser por lo menos interrogado, al igual que sus funcionarios cercanos.
(En el 2015 en un encuentro con periodistas el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, dijo que el presidente Danilo Medina negoció directamente con la empresa Odebrecht el contrato de Punta Catalina logrando una rebaja de cien millones de dólares).
Probar en buen derecho que los imputados fueron sobornados será difícil.
