Caracas, (EFE).- Cientos de trabajadores venezolanos tomaron las calles este miércoles en Caracas y otras ciudades del país para denunciar las desmejoras laborales que aseguran que tienen por las medidas que puso en marcha hace casi un mes el Gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la profunda crisis económica.
Los empleados de varias empresas públicas como las estatales de electricidad y telefonía, docentes y otros sectores rechazaron principalmente la unificación salarial de facto que afecta a millones de trabajadores en medio de la crisis.
“El gobierno unilateralmente tomó la decisión de eliminarnos cláusulas históricas de la contratación colectiva de los trabajadores”, dijo a periodistas el presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, en medio de una manifestación en Caracas, donde ocurrieron otras protestas que Efe pudo constatar.
El sindicalista explicó que empleados de varios sectores se articularon “para darle forma a la protesta nacional por la actitud del gobierno” que, denunció, viola la Constitución.
Indicó que el Ejecutivo eliminó beneficios a los trabajadores como las primas por concepto de transporte, útiles escolares, protección a la familia, entre otras, y redujo otros pasivos como la prima por antigüedad y por hijos.
Además, según Zambrano, la llamada revolución bolivariana desmejoró el tabulador de salarios de los obreros y la escala de sueldos para empleados y profesionales, todo esto en medio de la hiperinflación que vive el país y cuyo indicador cerrará el año en 1.000.000 % según proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
“El Gobierno señala que es porque el aumento fue muy alto”, prosiguió el portavoz en alusión al incremento del salario mínimo legal que Maduro multiplicó por 35 el mes pasado y ubicó en 30 dólares mensuales. Pero, explicó Zambrano, las políticas económicas aplicadas en el último quinquenio destruyeron el poder adquisitivo de los trabajadores que pasaron de percibir 200 dólares mensuales en 2013 a no poder cubrir ni una décima parte de la canasta básica alimentaria en la actualidad.
“Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a luchar permanentemente en las calle todos los sectores y trabajadores por el hecho de que es irrenunciable lo que nosotros hemos conquistado”, anunció Zambrano.
Estas mismas protestas también ocurrieron en el interior del país, en estados como Carabobo (centro) y los fronterizos con Colombia, Táchira y Zulia (oeste), según reseñó la prensa local. El martes el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial que ha motivado las protestas “por contravenir el principio de progresividad de los derechos laborales desmejorando las condiciones de los trabajadores que gozaban de mayor escala salarial”.
Los diputados acordaron “respaldar la lucha de los trabajadores venezolanos”, condenar “la pretensión del régimen (…) de implementar un nuevo sistema laboral por vías no legislativas” y denunciar “la destrucción del salario como herramienta para el progreso social con el fin de sustituirlo por un sistema de dependencia y miseria”.
El Parlamento venezolano ha rechazado además las demás medidas del llamado “plan de recuperación económica” de Maduro -que incluyen la devaluación de la moneda en un 95,8 %, el aumento de tarifas e impuestos y la regulación de los precios de algunos productos-, por considerar que agravan la crisis.
Tras la implementación del control de precios a alimentos, muchos de los productos han desaparecido de los supermercados, entre ellos la carne de res y la mayoría de los venezolanos llevan ya al menos una semana sin poder comprar esta proteína.
Efe ha constatado que en varias carnicerías del este y oeste de Caracas no hay venta de carne roja y quienes trabajan en esos lugares aseguran que el producto tiene al menos una semana sin llegar a sus neveras en ninguna presentación o corte.
Pese a toda esta situación, el presidente venezolano destacó ayer el “buen funcionamiento” de su programa y advirtió que mantendrá una “batalla permanente” para garantizar los precios “estables y acordados”.