Los gobiernos dominicano y haitiano deben abocarse a un diálogo urgente para resolver la agresión y ultraje al consulado y la bandera dominicana en Puerto Príncipe, según recomienda el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 y su revisión de 1936.
Ambos tratados poseen categoría constitucional y reposan en la Constitución de ambos países regulando las normas de las políticas migratorias fronterizas. La Constitución dominicana lo registra en su artículo 9 numeral uno desde que fue ratificado por el Congreso.
A propósito de las tensiones surgidas entre los dos países por los incidentes del miércoles 25 de febrero, cuando una turba de haitianos entró de manera violenta en el consulado dominicano en Puerto Príncipe, durante una marcha contra el racismo y la xenofobia, bajaron la bandera dominicana y la incendiaron, la acción generó la protesta del Gobierno dominicano a través de su canciller Andrés Navarro y llamó a consulta su embajador.
Estas diferencias bien podrían ser superadas en atención al referido tratado, ya que los dos estados establecen en sus motivaciones que situaciones como éstas podrían ser armonizadas cuando son causantes de “enojosos conflictos”.
En el Tratado de 1929 los presidentes haitiano y dominicano de entonces expresaron que “están deseosos de asegurar entre los dos pueblos una situación perpetua de paz y amistad, de acuerdo con el ideal de fraternidad panamericana y con los deberes cristianos de una y otra parte”.
Este tratado fue revisado en 1936 a través de un acuerdo entre los presidentes dominicano Rafael Leonidas Trujillo y de Haití, Stenio Vincent para regular el uso de las aguas en los ríos de la zona fronteriza, puntos fronterizos, caminos vecinales y la utilidad de la carretera Internacional, cuyo eje servirá de límite entre los dos estados.
En las motivaciones establece “la idea de paz es absoluta y los lazos de amistad son inalterables y deben presidir las relaciones entre los dos pueblos, de la República Dominicana y la República de Haití”.
