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Trujillo no pudo mantener prohibición de  lupanares, pese a forma de gobernar

Trujillo no pudo mantener prohibición de  lupanares, pese a forma de gobernar

A mediados del año 1957, la  Interpol programó celebrar en Lisboa, Portugal, una asamblea  para analizar el alcance y  proyección de la prostitución y el proxenetismo en el  hemisferio. Dentro de este esquema el organismo pidió al régimen del dictador Rafael L. Trujillo un informe en torno a la legislación vigente en República Dominicana.

Tratando de hacer galas de la falsa conducta moral  y las buenas costumbres del régimen que encabezaba Trujillo, en tiempo récord,  comunicó a los organizadores del evento su “respaldo decidido” al tiempo que  dispuso, mediante ley, la prohibición total de la prostitución en todo el territorio. En la ocasión  la Presidencia la ocupaba su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina y el vicepresidente era el doctor Joaquín Balaguer.

La nueva ley, marcada con el No.4862, fue cumplida a plenitud y los centros  lupanares  fueron cerrados, lo que motivó que automáticamente las tradicionales velloneras fueran devueltas a los distribuidores exclusivos de los aparatos musicales, que los encabezaba el señor Francisco Martínez Alba (Paquito), hermano  de María Martínez, esposa del generalísimo. Al mismo tiempo, las fábricas de hielo descontinuaron la venta de su producto y los dueños de los cabarets y casas de citas comenzaron a devolver los muebles y otros servicios colaterales que les suplían.

Otros resultados negativos de la disposición no se hicieron esperar:   cierre de prostíbulos, prostitutas en las calles, cero ventas de cervezas, ron y cigarrillos,  y   las vías de circulación de la ciudad capital y el interior del país desiertas.  Rápidamente quedó demostrado  el poder económico que constituía la prostitución.

Los propietarios de los cabarets se hicieron sentir  cancelando los “contratos” de trabajo  de las meretrices y  los celestinos y retiraron las mercancías que poseían para brindar a los parroquianos un ambiente totalmente alejado de preocupaciones económicas, sociales y políticas.

Cuando el dictador Trujillo se enteró más a fondo  de la situación dio marcha atrás a la disposición y dispuso que nuevamente se abrieran los prostíbulos,  lo que se convirtió en un duro golpe para su falsa política de respaldo a los valores cristianos y a la moral pública.

Pero como era costumbre suya  evadir responsabilidad en los casos que no salían bien,  Trujillo cargó  el fracaso de la medida de persecución contra los lupanares   al secretario de justicia y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, licenciados Francisco Elpidio Beras y Manuel A. Amiama, a quienes sin explicación alguna destituyó de sus respectivos cargos. Meses después de la destitución de los dos altos funcionarios, en la sección Foro Público del periódico El Caribe se publicó una carta, cuyo primer párrafo dice así:

“MUY BIEN SUSTITUIDOS ESTAN EL SECRETARIO DE JUSTICIA Y EL CONSULTOR JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO; MUY BIEN SUSTITUIDOS LO SERAN AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE ESA LEY TAN DESAFORTUNADA, QUE TAN SENSIBLEMENTE AFECTA EL INTERES POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL”.

Al conocer el contenido de la famosa carta el  abogado Beras  tronó públicamente y días después  envió una comunicación al dictador en la que hace una exposición en torno a la indicada ley, consignando que en esa disposición no había un pensamiento ni una sola palabra suya, “por lo que mi cancelación no  se justifica”.   Trujillo trató de corregir el error con el abogado seibano, a quien envió un emisario  que le ofreció una subsecretaría de Estado.

Beras rechazó la oferta al considerarla humillante, y a instancia del generalísimo, el Senado de la República  lo designó   primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, posición que aceptó, no sin antes dejar de advertir la sinuosidad del sueldo, ya que el salario que percibiría era de 700 pesos mensuales, frente a RD$2,500 que ganaban los subsecretarios de Estado, luego de deducido el correspondiente 10 por ciento del Partido Dominicano.

El Nacional

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