En un gesto de responsabilidad, Guillermo Moreno y Alianza País incoaron una querella contra Leonel Fernández y su Funglode, la cual, a través de un dictamen del ministerio público, acaba de ser archivada, y ese archivo, a su vez, objetado ante un juez de la instrucción por parte de los querellantes.
El fundamento de la decisión de la Fiscal del D.N., en síntesis, es que los hechos expuestos en la querella no están tipificados como delitos o crímenes en el vetusto código penal dominicano. Tipificar, en este contexto, quiere decir que los elementos que deben estar presentes para considerar que determinados hechos constituyen específicas infracciones, no están reunidos. Ese concepto remite al principio de legalidad, mediante el cual, para que un hecho pueda ser sancionado, debe existir una ley que establezca dicha penalidad. Los abogados dicen que la pena es nula sin una ley previa.
Ahora bien, ante la información, que de una u otra forma llegue al conocimiento de los representantes del ministerio público, cual debe ser su actuación? En caso de tratarse de una acción penal pública, es decir, las que requieren su participación como requisito imprescindible para ser iniciadas, está en el ineludible compromiso de realizar una investigación para llevar los hechos de que se trate hasta sus últimas consecuencias y darles a los mismos la calificación jurídica correspondiente y continuar con el procedimiento debido.
Eso es y debe ser así de manera especial cuando el patrimonio público esté involucrado, debido al legendario aforismo de que el ministerio público es el representante de la sociedad. Allí donde existan indicios serios, precisos y concordantes de que el interés social haya podido ser lesionado, una representación seria del ministerio público está en el deber de profundizar en la investigación, con el propósito de que la verdad resplandezca.
Si incluso el rumor puede ser el origen de una investigación llevada a cabo por el representante social ante el sistema judicial, con mayor razón si se trata de una información que le ha sido ofrecida por el canal de una querella que cumple con el rigor que la norma procesal impone.
De estar dotado el país de un ministerio público con apego irrestricto a su trascendente misión, hace tiempo que se habrían ejecutado procesos investigativos sobre múltiples temas que han generado controversias y que una parte de la población los señala como fuentes de mecanismos extraordinarios de corrupción y enriquecimiento ilícito.
