Continúan los empeños de la Superintendente de Salud y Riesgos Laborales para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), no mantengan el derecho al veto le confiere la ley 87-01 sobre el sistema de seguridad social en la República Dominicana, obviando que se trata de una prerrogativa que el legislador confirió a las partes como un mecanismo de equilibrio razonable.
Al establecer el veto para ambas partes, lo que se procuraba era evitar que ninguna de ellas pudiera recibir las embestidas de los sindicatos o de funcionario público alguno, librando un pulso que resultara altamente perjudicial para la buena marcha del sistema.
Es decir, que el exceso de populismo que caracteriza a las entidades estatales, por un lado, y el extremo proteccionismo de las centrales obreras, se convirtieran en sería amenaza para la tercera pata del sistema de seguridad social.
Toda relación comercial o empresarial requiere armonía entre las partes.
Lo que la Superintendencia pretende pudiera convertirse en el fin de la armonía necesaria en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues las reuniones de este organismo serian un campo de batalla en el que cada bando trataría de registrar la mejor parte de esos encuentros.
Mientras eso suceda, los afiliados a la Seguridad Social estarían en una persistente inquietud al no saber con algún nivel de certeza hacia dónde se dirigirán las próximas reuniones del consejo responsable de trazar las políticas del sistema.
Esto podría ser catastrófico para la buena marcha de un modelo de seguridad social que ha logrado ir avanzando lenta pero progresivamente hasta alcanzar una cobertura importante de la mayoría de los trabajadores y sus descendientes.
La Superintendencia debería entender que lo saludable es permitir que la seguridad social siga su curso, procurando su mejoría continua, para lo cual la institución que administra debe hacer aportes significativos, tomando en cuenta que un sistema solo es bueno si beneficia a quienes va dirigido.
