Los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) han dado un primer mazazo a la práctica poco transparente de instituciones públicas de atribuirse ventajas y prebendas salariales al margen de la Constitución y de las leyes.

En una de sus primeras resoluciones administrativas, los cinco magistrados han decretado una rebaja de sus salarios para acogerse a lo que disponen su ley orgánica y las normas de función pública.

Lo que los magistrados Román Jáquez Liranzo, Santiago Sosa, Ramón Madera Arias, Rafaelina Peralta y Cristian Perdomo han hecho no sólo es un buen paso para levantar la credibilidad del TSE, sino que constituye un ejemplo a seguir por otros “órganos extrapoderes” que invocan su autonomía para crear irritantes privilegios e injusticias.

Ese tipo de prácticas debilita y desacredita a los órganos constitucionales. La propia Constitución dispone en su artículo 140 que, “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.

Lo que ello quiere decir es que, como afirma el viejo aforismo jurídico, “quien la justicia reparte, no puede ser juez y parte”. En tal sentido, la autonomía, como instituto sustantivo, está regida por la Constitución, las leyes y los principios de transparencia, racionalidad y objetividad.

La actitud asumida por los magistrados electorales ha sido la de sumisión a la Constitución, el único “poder” al que un auténtico juez debe obedecer, pues la justicia se defiende con la razón.

Como escribiera el editorialista de este mismo vespertino que, entre otros diarios del país, celebró la medida: “la sociedad toda aplaude la decisión del pleno del Tribunal Superior Electoral de reducirse los salarios para acogerse a la ley, porque representa un gesto que enaltece a esos magistrados y enseña que es posible actuar con transparencia y sentido ético en el desempeño de un cargo público”.

Ahora los magistrados electorales deben saber que la sociedad ha fijado sus ojos en ellos, que espera que representen una nueva generación de servidores públicos y que sean capaces de dejar atrás las reyertas y barahúndas que caracterizaron la vida institucional de ese tribunal en el pasado reciente.

Ofrecemos nuestro voto de confianza a los jueces del TSE y apostamos por la creación de una cultura constitucional que fomente el derecho electoral y que permita dirimir en un plano de civilidad las diferencias que surjan en las formaciones políticas y en los torneos electorales.

Ha sido un buen inicio para el segundo período del TSE. Del mismo modo, reservamos los aplausos para un buen final. ¡A buena hora, señores magistrados!