Una lección



Al continuar la construcción de la terminal de autobuses en la avenida Boulevard del Faro, vamos a suponer que el Ministerio de Obras Públicas no fue notificado de la suspensión del proyecto que ordenó el Tribunal Superior Administrativo. Porque sería inconcebible que una entidad pública desacate, con todo lo que representa para la seguridad jurídica, un mandato judicial.
La sentencia representa de por sí una lección contra los abusos de poder. Sin aparentemente contar con los permisos correspondientes, Obras Públicas inició el proyecto, ignorando incluso la objeción de los residentes en la periferia. Con la paralización la corte fue todavía un tanto flexible al dar un margen de tres días a la cartera que dirige Gonzalo Castillo para presentar las certificaciones de lugar.

Lo que está en juego, por si acaso, no es la conveniencia, sino el procedimiento que se ha utilizado para levantarlo.
Además de la construcción en un área verde, atentando contra el medio ambiente, lo que han cuestionado los regidores es que la obra no fuera ni siquiera conocida por la Sala Capitular. Algunos han alegado que se enteraron de la terminal por la protesta de los vecinos del sector.

En rechazo al planteamiento de los ediles, el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, alegó que el proyecto no tenía que ser sancionado por el Concejo de Regidores, porque cuando se construyó el parque, durante la gestión de Hipólito Mejía, no se aprobó ninguna decisión sobre el uso de suelo.

Sin embargo en un recurso de amparo interpuesto por el exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Jiménez, y el activista social Claudio Caamaño hijo, se establece que el proyecto carece de la certificación del Ministerio de Medio Ambiente.

Por la forma en que se ha iniciado, la polémica terminal no solo atenta contra el medio ambiente, sino contra el sistema institucional. Al menos hasta que se demuestre lo contrario.

Podía preguntarse cuál es el interés, si como se ha dicho, se cuenta con otros espacios, de levantar la obra a la fuerza en una zona que debe preservarse en defensa de la naturaleza. La terminal puede ser una contribución para enfrentar el dramático problema del transporte de pasajeros. Pero no a costa de afectar áreas tan valiosas ni violar los procedimientos institucionales.

En torno al conflicto Medio Ambiente ha observado un silencio suspicaz. Pero la sentencia indica que Obras Públicas tendrá que someterse a las leyes. Y por el rechazo que despertó la terminal entre residentes en los alrededores sería prudente que también escuchara el sentir de la población. Si es que no lo ha hecho, el Tribunal Superior Administrativo tendrá que notificar la sentencia, para que no se le alegue ignorancia respecto a los trabajos.