Nos apuñalan, y aguantamos
A propósito de la modificación en curso de nuestra Constitución, hay elementos que tal vez deberían ser tomados en consideración, tanto para establecer normas como para obligar a su cumplimiento.
Porque de poco nos vale un marco legal moderno si no hay mecanismos para que sus disposiciones sean de cumplimiento obligatorio.
Me llama la atención particularmente lo atinente al acápite c del artículo nueve de la actual Constitución, que reza: Los habitantes de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, independencia o soberanía .
Sin embargo, a dominicanos y algunos extranjeros que se establecieron aquí para dedicarse a conspirar abiertamente y a tiempo completo contra los intereses del país, se les ha dejado hacer sin consecuencia.
En el caso de los extranjeros tenemos los tristemente célebres casos de dos sinvergüenzas disfrazados de sacerdotes que se establecieron en San José de los Llanos, de San Pedro de Macorís uno, y el otro en Barahona, desde donde conspiraron libremente por muchísimo tiempo contra la República Dominicana.
El español Christopher Hartley adquirió notoriedad en Los Llanos, donde hizo y deshizo a su antojo al erigirse en ley, batuta y constitución, hasta que la diócesis de San Pedro de Macorís no pudo seguir encubriendo sus diabluras, que muchas veces implicaron acciones delictivas.
Cuando sus superiores no pudieron más con sus andanzas lo expulsaron hacia el Bronx, Nueva York, desde donde continuó su campaña de descrétido y denuncias contra este país en todos los foros internacionales a los que ha conseguido acceso, tratando a toda costa de hacernos daño.
Mientras tanto, el belga Pedro Ruquoy también se dedicó a cubrir con su sotana acciones contra el interés nacional, entre Barahona y la zona fronteriza.
Y aunque no llegó tan lejos como el otro farsante, tuvo el descaro de declarar como hijos suyos alrededor de cien niños haitianos con la intención de agenciarles la ciudadanía dominicana.
Naturalmente, al marcharse no se le obligó a llevárselos a Bélgica, que era lo que correspondía en buena administración de justicia.
Pero en lo que respecta al sinvergüenza belga, al parecer no dejó articulada una organización para continuar lo que él entendió como su ministerio en esa zona, porque a decir verdad, la conspiración dirigida por Ruquoy parece haber cesado con su ausencia del país.
En lo que atañe a su similar español, sus andanzas continuaron en el Este a través de un grupito de dominicanos entregados al servicio de su causa, que siguen dedicados a incitar a los trabajadores haitianos a insubordinarse contra sus patronos.
Además de demandar servicios sociales, los instruyen para que reclamen la regularización de su estatus migratorio, aunque no reúnan los requisitos de ley, y en otros casos para presionar con la intención de que se les dote de actas de nacimiento con el mismo fin.
Según mis informes, la voz cantante la llevan la abogada Noemí Méndez, del Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (Cedail); Alex Castro, ex chofer del cura Hartley, y el alguacil Alfredo Alvarez, del Juzgado de Paz de Los Llanos.
Del último no sé si formaba parte del séquito de Hartley, pero la abogada Méndez y el chofer Castro sí colaboraron estrechamente con él, y según me dicen siguen en contacto.
Los entiendo, aunque no comparto su accionar, porque todo parece indicar que ellos han logrado basar su modo de vida en una actividad que les conviene interpretar como defensa de los derechos de los indocumentados haitianos.
A las que no entiendo muy bien es a las autoridades, que tienen la encomienda de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y sin embargo siguen haciéndose de la vista gorda.
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