¿Y entonces, Presidente?

Por estos días se produjo una denuncia que no debería quedar sin dilucidación ni sin sanción, si en realidad hay pecado de por medio, y la iniciativa corresponde al presidente Leonel Fernández.

Hablo del vídeo alegadamente manipulado que le habría llevado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) al Presidente, mostrándole al fiscal adjunto Manuel Acosta Castillo con un fajo de euros escondidos bajo un chaleco antibalas.

El video habría sido filmado, según la versión de la DNCD, durante el operativo de incautación de 50 millones de pesos a la agencia de cambio Hermanos Solano, y fue presentado al mandatario y a los organismos de seguridad del Estado como prueba de una alegada conducta pecaminosa atribuida al fiscal adjunto.

Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que el propio fiscal Acosta Castillo pidió inmediatamente después de conocerse esa versión que lo suspendieran en sus funciones y que realizaran una investigación pormenorizada y seria.

El sostenía que el vídeo presentado al presidente Fernández y otras autoridades había sido manipulado en perjuicio suyo, afirmación que parece haber quedado confirmada cuando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la escena no era real.

Y para empeorar las cosas, al ver esa información pensé que el mayor general Rolando Rosado Mateo, jefe de la DNCD, aparecería en público poco después renunciando a su cargo o anunciando el arresto o cancelación de los empleados o funcionarios responsables de la falsificación del vídeo en ese organismo.

Pero no he visto nada parecido y me extraña, porque el actual jefe de nuestro principal organismo antinarcóticos es un hombre reputado como serio, y las personas responsables renuncian cuando queda claro que fallaron o metieron la pata, como decimos en buen dominicano.

Esas personas tampoco cargan con culpas ajenas, y mucho menos si provienen de la maldad adrede para fastidiar a otros.

De manera que la bola vuelve a la cancha del presidente Fernández, pero ahora en otra dirección, porque entonces adquiere mayor validez la denuncia del fiscal adjunto Acosta Castillo de que la manipulación del vídeo fue hecha con la intención bien definida de desacreditarlo a él como funcionario público y al Ministerio Público como institución.

En torno a ese caso debe ser establecida toda la verdad y, cuando así sea, la sanción no deberá estar ausente, independientemente de la dirección a que apunte.

Porque la cuota de vagabunderías y despropósitos ya agotó su capacidad.