El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un plazo de cuatro meses, que vence el día 29, para que las empresas y los productores agrícolas desalojen el parque nacional de Valle Nuevo, en Constanza. Ante gestiones para una prórroga, como han planteado algunos de los afectados, el titular de la cartera, Francisco Domínguez Brito, ha advertido que la decisión es irreversible, dado que la recuperación de la reserva es de alta prioridad para la nación.
Sin embargo, los conflictos y el giro que han tomado han disparado la tensión en la zona. Desde el viernes hasta la tarde del sábado cientos de personas, agrupadas en un denominado Bloque Campesino, bloquearon el camino a la zona en demanda de que el Gobierno explore una salida que les permita continuar cultivando los predios. Tras la militarización dispuesta por las autoridades se llegó a un arreglo para despejar el paso.
En tanto mañana miércoles el Tribunal Superior Administrativo está supuesto a fallar un recurso de amparo elevado por algunas empresas para extender el plazo de desalojo hasta el 9 de marzo y los productores agrícolas advirtieron que retomarían la protesta social si antes de las próximas 24 horas el Gobierno no responde su propuesta de permanecer en los predios durante todo el año para cumplir supuestos compromisos con sus acreedores.
“Si de aquí al miércoles (mañana) no nos dan una respuesta a nuestra petición de ser escuchados por el presidente Danilo Medina, entraremos a los predios agrícolas y tendrán que meternos presos o matarnos”. La advertencia formulada por uno de los voceros de los productores eleva más la temperatura, sobre todo después que Domínguez Brito había declarado que no habrá prórroga, compra, permuta ni negociaciones con los ocupantes.
En el caso de Valle Nuevo, una reserva que ha sido depredada hasta con la instalación de proyectos habitacionales, no solo está en juego la preservación de los recursos naturales, que son fundamentales para la población. También el principio de autoridad.
Por su impacto cabe suponer que la resolución que ordena la desocupación de Valle Nuevo fue el resultado de múltiples ponderaciones en que se examinaron los pros y los contras. E incluso que medió la prudencia de comunicar la decisión a los afectados.
Si bien hay una decisión tomada, cualquier arreglo a que en última instancia pudiera llegarse tiene que ser siempre privilegiando el interés nacional sobre el particular, y sin que la eventual salida implique ningún tipo de sacrificio para el Estado.
