SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró este martes que el Gobierno y el sistema de justicia tiene el reto de darle respuesta al caso del asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, porque el mismo revela que en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) operaba una estructura mafiosa y criminar.
Servio Tulio Castaños Guzmán explicó que ese caso revela el problema de la falta de un sistema de compra y contrataciones, y consideró que esa red criminal podría existir en otras entidades gubernamentales.
“Hay que investigar quienes controlaban el comité de compras y contrataciones, quienes era que evaluaban la licitación de la OMSA, porque lo que revela el caso es que hay una situación escandalosa en todo lo que tiene que ver con el sistema de compra”, aseguró Castaños Guzmán.
Estimó que tanto el Ministerio Público como el sistema judicial tienen un desafío grande, ya que el caso revela que el sistema de compra y contrataciones es un desastre en el país.
El jurista entiende que en el expediente no están todos los involucrados en el caso, “ahí operó una estructura mafiosa, esto revela que el sistema de compra y contrataciones es un desastre en República Dominicana”.
“Parecería que estamos frente a una institución donde se instaló una estructura delincuencial de una dimensión descomunal”, agregó.
Sistema de Justicia
Señaló que el sistema de justicia del país está muy mal, porque estamos entre los seis países con los niveles de independencia más malos, lo que indica que el sistema de justicia ha retrocedido de manera descomunal.
Castaños Guzmán atribuye eso al sistema político.
“El sistema político muchas veces penetra al sistema de justicia y lo daña todo”, indicó.
Castaños Guzmán habló durante un acuerdo de cooperación firmado por la Oficina Nacional de Defensoría Pública (ONDP) con Finjus para la conformación de la “Red Nacional de Identificación y Protección de los Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad”, que se realizó esta mañana en el Hotel Sheraton Santo Domingo.
La directora de la ONDP, Laura Hernández, consideró que la falta de asistencia legal constituye uno de los mayores obstáculos que enfrentan los grupos en condiciones vulnerables.
