SANTIAGO.- Se trató de “una doble moral de la sociedad dominicana” la boda que se celebró la semana pasada en la Catedral de esta ciudad, entre un convicto por la muerte a tiros de su esposa embarazada y una mujer que cumplió condena por tráfico de drogas, consideró la vocera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao.
Raquel Rivera estimó que, si bien es cierto que Miguel Vladimir Morán y Yáscara Vargas legalmente tenían derecho a contraer matrimonio, en ese caso se debió tener cuidado con detalles.
Morán cumple condena de 13 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres desde 2009, por el homicidio de Candy Fior Filpo Espinal, de 27 años, ocurrido ese año en la carretera que conduce a la comunidad Don Pedro.
A su nueva esposa la conoció mientras ella cumplía una pena de cinco años, en el área para mujeres, por traficar con drogas. Se encuentra en libertad tras cumplir la condena.
Rivera, conocida dirigente femenina en esta ciudad, insistió en que dicha boda, autorizada por la Procuraduría General de la República y la Dirección de Prisiones “demuestra claramente la doble moral de la sociedad dominicana”.
Tras ratificar su criterio de que se debió tener cuidado con algunos detalles en la celebración de ese acto sacramental, la portavoz de la Coordinadora de Mujeres del Cibao estimó que se trató de un privilegio.
A su juicio, no se debió llevar a cabo “porque son muchos los internos que están dispuestos a contraer matrimonio sin estar cumpliendo condena por haber asesinado a su esposa embarazada, pero no son complacidos”.
La boda se realizó en la Catedral de esta ciudad la mañana del pasado jueves 24, como parte del novenario con motivo de las festividades del Patrón Santiago.
El acto religioso fue realizado por el padre Ricardo García, director de la Pastoral Penitencia que funciona en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres.
Ayer, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, definió como incorrecta la difusión que se le dio a dicha boda “porque, si bien es cierto que a nadie se le puede impedir que se case, no es menos cierto que con esa difusión de eventos de esa naturaleza se le envía un mal mensaje a la sociedad y la lucha contra los feminicidios”.
