La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) informó este viernes que mantiene su posición de que no hay justificación para reclamar el pago de los 708 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, aunque no obstante mantiene conversaciones al respecto y se reunirán a nuevamente a principios de octubre.
El relacionador público, de la CDEEE, periodista Esteban Delgado, dijo que ninguna de las partes está ofreciendo declaraciones más allá de las posiciones ya conocidas porque se está en un proceso de conciliación o conversación.
“Esas conversaciones están fundamentadas en aspecto de confidencialidad para no entorpecer cualquier situación”, indicó.
El periodico El Día públicó esta mañana que la empresa Odebrecht tiene al Gobierno en apuros al mantenerse firme en demandar el pago de US$708 millones adicionales para la finalización de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Precisa el matutino gratuito que dicha posición se encamina a ser dirimida por un tribunal de arbitraje, ya que los representantes jurídicos de ambas partes han sostenido varias reuniones para tratar ese tema, pero no se han acercado a un acuerdo.
“La CDEEE mantiene su posición de que no hay justificación efectiva para que la obra tenga un costo mayor al que está contratado que es de 1,945 millones de dólares, esa posición no ha variado”, indicó Delgado.
Dijo que por asunto de confidencialidad no se está ofreciendo declaraciones sobre el curso de las conversaciones.
Aseguró que se sigue operando de manera normal en Punta Catalina y que el consorcio sigue trabajando.
“No hay motivos para que la obra cueste más de lo que se contrató originalmente y nuestra posición es que el valor contractual es el valor a pagar”, dijo al ser entrevistado por la vía telefónica.
“Lo que se vislumbra es que algún ente externo tendrá que decidir si el Gobierno paga o no, porque la CDEEE mantiene su posición de que no va a dar ni un centavo más”, afirmó un funcionario del sector.
Según El Día, si la CDEEE y Odebrecht no logran un acuerdo podrían generarse dos escenarios y ninguno de ellos es muy halagüeños para el Gobierno.
El primero implica que el Estado sea sometido a un juicio o arbitraje por incumplimiento de contrato y se paralice la obra, y el segundo es que tenga que pagar los US$708 millones que pide la empresa brasileña.
Dicho análisis fue hecho por el economista Hernán Minier, quien considera que lo más recomendable sería tratar de llevar esa disputa a un arbitraje internacional a ver si el Gobierno puede obtener una buena negociación.
“Si el Estado no ha hecho ningún tipo de adenda que lo esclavice a tener que asumir ningún tipo de costo en la construcción de Punta Catalina debería ponerlo claro”, subrayó el especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
No obstante, este asume que si ese punto no se ha aclarado es porque en el contrato se ha dejado abierto un elemento que ahora está reluciendo.
Implicaciones fatales
Si el Gobierno fuera sometido ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, y pierde, podría correr el riesgo de que no lleguen al país otros proyectos por falta de garantía jurídica.
“Con esto se mantendría el monopolio en la generación de electricidad como está ahora en manos de dos empresas”, dijo Minier a El Día.
En cambio, si debe pagar los US$708 millones la situación se empeora.
